¿Proyecto de ley para que todos seamos políticamente correctos?
Nilda Garré quiere sancionar con prisión el negacionismo
La iniciativa de la diputada del Frente Para la Victora establece penas de hasta dos años de cárcel para quienes nieguen en público o justifiquen cualquier crimen contra la humanidad. La iniciativa se da tras los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.
¿Se trata de un proyecto donde se fomenta la libre expresión o que impulsa a que todos piensen lo mismo; y, aunque no lo piensen deberán expresarlo falsamente de esa manera por temor a una represalia? ¿Se trata de una propuesta inclusiva o autoritaria? ¿Existirá otra forma de abordar el tema del «negacionismo» que no sea el rigor, la pena y la condena con la falsa ilusión que así pensarán todos iguales? ¿Qué lugar se le da a la educación (o falta de) en estos casos? Las preguntas siguen. El avance para presentar la ley, también.
La diputada nacional Nilda Garré (Frente Para la Victora-PJ) presentó un proyecto de ley para incorporar al código penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo.
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”, consigna el proyecto presentado por la ex ministra de Defensa y Seguridad.
Según indica el diario La Nación, la pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años.
Además, el proyecto indica que los recursos recaudados a través de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La ex funcionaria kirchnerista presentó la iniciativa luego de la polémica por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien sostuvo que durante la última dictadura militar “no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer” personas.
Afirmó que fue un “torpísimo golpe de Estado” y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que “no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”.
El proyecto tiene como objetivo reformar el Código a fin de introducir “un nuevo tipo penal” que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones “revisten un carácter más gravoso”.
En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
Las preguntas siguen, el autoritarismo militar (aunque «supuestamente» sea a favor de la libertad, y la falta de criterio también.