Ley de migraciones
Extranjeros
El departamento de Migraciones de la Argentina respaldó la modificación que el presidente Mauricio Marcri firmó está mañana del artículo 29, inciso C, Ley de Migraciones (mediante el decreto 70/2017) de nuestra Constitución, con el objetivo de acortar los tiempos, dentro del marco legal, de la expulsión de extranjeros con antecedentes penales (personas condenadas por causas de trata de blanca, narcotráfico, delincuencia, tráfico de armas y personas, de estupefacientes, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas o delito, personas involucradas en redes de terrorismos) de esta manera se podrá impedir el ingreso, o tramitar la expulsión, de esas personas a nuestro país. El objetivo de esta medida es la efectividad y agilidad de la Ley para no abrir la puerta a delincuentes “Argentina vive una situación crítica que amerita medidas urgentes», declaró Mauricio Macri.
El documento oficial apunta a la «duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos». La decisión, que le costó más de una semana llevar a cabo, se basó en el estudio de cifras estadísticas que el gobierno analizó en relación a la criminalidad con la población carcelaria y su nacionalidad, entre otras variables.
«La población de personas de nacionalidad extranjera, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total. En cuanto a los delitos vinculados a la narco criminalidad un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros».
No podrán entrar narcotraficantes al país. Se trata de quienes tengan condenas sobre casos relacionados a este tipo de delitos.
Antecedentes
«Necesitamos saber quién es quién», declaró el presidente de la Nación quién hizo mención al caso del narcotraficante Marco Antonio Estrada González, peruano, que después de 9 años de búsqueda fue capturado en nuestro país, en diciembre del año, pasado por la división Antidrogas Urbanas de la PFA, cuando irrumpió en el country La Celia, de Ezeiza, para detener al peruano Marco Antonio Estrada González, alias «Marcos», el mayor capo narco de la historia argentina. A pesar de sus condenas nunca dejó de operar con su organización en la Villa 1-1-14 del Bajo Flores. El encarcelamiento de Marcos suponía la acefalía del mando del poder narco, en el Bajo Flores, pero no fue suplantado, fue el mismo Marco quién desde afuera y adentro seguía operando la red. Pareciera que el problema es Marcos, y que si él no hubiese venido a la Argentina no hubiese organizado la red que tuvo a su cargo; y de hecho es probable que así fuera. Pero también aparecen otros interrogantes como la penitenciaría argentina, cómo opera, y que resultados obtiene después de un encarcelamiento que suponía la acefalía de su red.
La decisión del presidente fue tomada en base al análisis de datos sobre migración y delito. Las estadísticas muestran el incremento, en los últimos años, de la población carcelaria. El indicador mayor se obtuvo en el 2016 con un incremento del 21,35%. Los delitos más frecuentes son los relacionados con el narcotráfico y la criminalidad, y el 33% de las personas bajo custodia policial son extranjeros.
La pregunta sobre el endurecimiento de los controles nos lleva a pensar si existe otra forma que no apunte al endurecimiento de los controles, sino que se desarrolle en un contexto político menos frontal hacia los extranjeros que quieran habitar el suelo argentino. Macri fue tajante al respecto: “No podrán entrar narcotraficantes al país, quienes tengan condenas sobre casos relacionados a este tipo de delitos”.
Boletín oficial
Los inmigrantes que hayan pagado para ser traídos al país podrán obtener la residencia y evitar la expulsión si colaboran para dar con el traficante de personas que lo trajo a la Argentina.
Se impedirá el ingreso de las personas que presenten documentación falsa u omitan la información sobre sus antecedentes penales.
Después, la expulsión de un extranjero con causas penales dejaba inhabilitado volver a nuestro país por cinco años. Con la nueva norma será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.
Se cancela la residencia permanente «a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés» .
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¿Xenofobia o cuidado hacia los ciudadanos?
La ministra de Seguridad Bullrich, quien sufrió el ataque de un comando de hacker en su cuenta de correo electrónico oficial y también el de su equipo de trabajo, declaró: “Nuestro problema con la frontera no es con la gente. Nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando. La vía de expulsar rápidamente a los extranjeros que entren y que delincan en temas de narcocriminalidad es lo mismo que meter rápido presos a los argentinos que lo hacen”, aseguró.
La vicepresidente declaró a la prensa: “Hay que distinguir bien las medidas que tienen que ver con la seguridad, y otra con que Argentina es un país abierto, que siempre va a estar a favor de la diversidad”, aseguró la vicepresidenta. En favor de los inmigrantes, Michetti indicó que la Argentina va a necesitar la mano de obra “cuando comience el proceso de crecimiento y desarrollo sostenido”.