EL DEBATE DE LOS FEMINISMOS POR MARIANA CARBAJAL

3 de julio, 2020


Con este boletín abro un nuevo canal de diálogo con ustedes, más directo, más personal. La idea es exponer mis dudas, mis preguntas, y algunas certezas sobre temas que me conmueven, y espero, les interesen también. 

En los últimos días irrumpieron varios debates en la agenda feminista. Mucho para pensar. Por un lado, la discusión a partir del caso de abuso sexual protagonizado por el grupo de hijos del poder conocido mediáticamente como #LaManadaDeChubut y las respuestas de la Justicia. Lo analizó con extrema claridad la abogada Marcela Rodríguez en esta entrevista de Roxana Sandá para Las12 y también lo reflejó Sonia Santoro en este artículo .
Por el otro, la política alrededor de la prostitución: ¿trabajo o explotación sexual? ¿Y si discutimos una tercera posición?

Vamos por partes: 
Más allá de la frase repudiable y arcaica que usó el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, para describir la conducta de los acusados ​​al escribir “desahogo sexual doloso” en su propuesta de juicio abreviado, lo interesante para analizar es, tal vez, el lugar que tiene la palabra de la víctima-denunciante para la justicia y qué camino puede ser reparador para ella, más allá del juicio oral y de este caso en particular.  

¿Por qué se rechazó el acuerdo de juicio abreviado, se descree de la voluntad que expresó la denunciante? ¿Cuál es el concepto de una justicia a espaldas de la víctima? 
Para pensar mejor el tema consulté a dos abogadas, que vienen estudiando hace años la temática con mirada de género, a quienes recurro cuando quiero clarificar algunas ideas.  
Una de ellas, la abogada feminista Sabrina Cartabia, me planteó que uno de los problemas que subyacen es caer en el estereotipo de la “buena víctima”, que interpreta que ella no puede tomar decisiones. 
–De esta manera otros/as/es (jueces, fiscales, militantes, etc.) dicen saber que es lo mejor para esa persona y le imponen el camino a seguir. Entonces, lejos de beneficiar a quienes denuncian las violencias, se le expropia todo tipo de decisión sobre el destino de su proceso judicial generando frustración y resultando en fórmulas ineficaces que no protegen ni reparan. La falta de alternativas al juicio oral es una de estas fórmulas. Si nos tomamos en serio este tema debemos tomarnos en serio a las personas que se acercan al Poder Judicial buscando respuestas. Esto implica entender que no hay una única salida posible, ni que sea mejor a la otra en abstracto. No podemos negar la posibilidad de salidas alternativas al juicio oral como norma general, porque las decisiones se toman en relación a los contextos en los cuales vivimos y nadie sabe mejor que la persona que es lo que le resulta más conveniente. Poner en el centro de la escena a las mujeres y sus necesidades requiere dejar de lado estos estereotipos. De eso se trata la perspectiva de género que tanto pedimos –me dijo Cartabia.                           
También consulté a Raquel Asensio, titular de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Asensio destacó el trabajo “codo a codo” del fiscal Rivarola con la denunciante aunque objetó también la “terminología” de “desahogo sexual doloso” que usó y que demostró que no tiene capacitación en género. “Fue un error y lo reconoció”, subrayó Asensio. Y destacó que como representante del Ministerio Público Fiscal, Rivarola debe defender el interés de la víctima. En ese sentido, acordó con la propuesta de juicio abreviado si es lo que ella quiere. “Actuar de espaldas a las víctimas en nombre de su protección se vuelve espurio”, añadió. “La joven está diciendo hasta acá llegué. Tal vez si se la obliga a un juicio oral se pierda su relato, no quiera declarar, y es una forma de llegar a la impunidad”, concluyó Asensio.
Las mujeres solemos desconfiar de la justicia porque nos revictimiza. A veces no nos creen en los tribunales, nos tildan de mentirosas, o fabuladoras. Cuando una mujer denuncia violencia sexual se la somete a pericias psiquiátricas para determinar qué no está inventando lo que dice. Eso no sucede cuando se denuncia el robo de un auto, una estafa u otro tipo de delitos. ¿Pensaron alguna vez en eso? La justicia ya de movida desconfía de nuestra palabra si denunciamos delitos contra la integridad sexual. En el caso de Chubut, la joven terminó cosificada: su palabra fue convertida en cosa sin valor para el juez Di Biase, que pretende imponerle un camino, que ella no eligió, en pos de una promesa de justicia, lejana, abstracta. Ahora el tema está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Trelew.

Otra noticia interesante en relación al abuso sexual y las formas de reparación que la justicia puede ofrecerle a las víctimas, es un fallo novedoso del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, que dispuso que se haga un juicio por la verdad porque el delito, en el caso investigado, prescribió.
La resolución de Vitale abre el debate en la provincia de Buenos Aires para abordar estos casos, cuando no es posible un castigo penal, porque los tiempos de las víctimas para poder hablar y denunciar muchas veces no se corresponden con los que exige la Justicia.                                     

Por último, irrumpió una vez más la discusión en torno a la prostitución como contó Sonia Santoro en esta nota y reflejaron varios artículos de los suplementos Las12 y Soy. Cada vez que se instala el debate las posiciones parecen irreconciliables –o lo son– y se replican agresiones verbales de uno y otro lado hacia quienes no tienen su visión del tema. Me pregunto: ¿No es posible buscar puntos de encuentro? Proteger desde el Estado a quienes están en prostitución –ya sea que se auto definan como trabajadores sexuales o explotados y sobrevivientes– debe ser imperativo.
Me cuesta ver a la prostitución como trabajo. Y no por argumentos morales. Que cada cual haga con su cuerpo lo que quiera o pueda. Siempre escuché y me conmoví con relatos de quienes tienen que salir o seguir en prostitución, historias atravesadas por violencias de todo tipo. ¿Quién puede oponerse a las mujeres, travestis, trans y otras identidades que están en prostitución explotadas y violentadas y aquellas que optan -porque no tienen otra alternativa o porque ven como una salida que les permite ingresos en su universo de posibilidades reales-, reciban ayuda y protección del Estado.
Buscando información para poder pensar más el tema, le pregunté a una amiga alemana sobre cómo funciona la ley que legalizó el trabajo sexual en Alemania en 2002 y qué se reformó en 2017 para supuestamente introducir mejoras para proteger a las trabajadoras sexuales y las posibles víctimas de trata dentro del negocio del sexo. Me dijo que ella está a favor de ese marco legal pero que los datos demuestran que no ha ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas: según cifras de 2018, solo 76 personas de las 200 mil que se estima que trabajan en Alemania en prostitución tienen oficialmente seguridad social. ¡Solo 76!
Leí otros informes de ONG que defienden a trabajadoras sexuales en ese país, que me envía mi amiga, y encuentro que como deben inscribirse en un registro oficial, con foto, este requisito genera estigmatización si también participan de otras actividades laborales, sus hijxs pueden ser víctimas de bullying y otras consecuencias como el desalojo por parte de propietarios.
La síntesis, en trazos gruesos, es que los proxenetas siguen con su negocio y las mujeres ahora “trabajadoras” siguen tan explotadas cómo antes pero con credenciales.
Hace un par de años leí también investigaciones de la antropóloga Marta Lamas, sobre su acompañamiento a mujeres en prostitución en la ciudad de México y su posición frente al tema: “Hay que combatir la trata, pero proteger a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación “, dice Lamas. También afirma: “Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más”. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, como lo señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género”. Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable”.

En Uruguay la prostitución está regulada como trabajo sexual desde 2002. En febrero entrevisté a Karina Núñez, referencia de O.TRA.S: Karina rescata la existencia de una ley porque le dio dignidad pero también sostuvo que tal como está esa norma “favorece a los grandes traficantes que manejan el negocio “. Les recomiendo leer la nota completa .

Sigo buscando puntos de vista y argumentos que pueden salir de la dicotomía irreconciliable, en pos de la implementación de políticas públicas que lleven efectivamente a mejorar la vida de las mujeres que están en prostitución. En el Suplemento SOY encontré estas dos visiones que me resultaron interesantes. También en esta nota de Las12 dos investigadoras dan cuenta del peso del estigma social sobre quienes se definen como trabajadores sexuales.
Más allá de las distintas miradas sobre la temática, de lo que no tengo dudas es que la complicidad de las fuerzas de seguridad y el poder político es la clave para proteger las proxenetas y redes de trata. También sé que la mayoría de quienes consumen los cuerpos en prostitución, son hombres; que niñas, pibitas y mujeres son forzadas a ser explotadas sexualmente, (a veces por su propia familia en contextos de vulnerabilidad social y económica), y que enfrentan a burdeles, víctimas de redes de trata, sin que los responsables sean investigados y juzgados.
Además, sé que exponer mis dudas y mis preguntas, me expone a que me agradan a mí en redes, de un lado y del otro de este debate. Ya lo he vivido. Le sucedió por estos días a nuestra compañera Marta Dillon por esta nota: se puede pensar distinto, bienvenida la conversación, pero no con insultos ni acusaciones infundadas. 
Ojalá que no se obture el diálogo. 

Por último, me pregunto por qué el ex legislador porteño y amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera, fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas dependientes de Jefatura de Gabinete que dirige Santiago Cafiero? ¿Por qué un varón? Por Mariana Carbajal