13 de noviembre, 2020

Hay criminales que proclaman tan campantes ‘la maté porque era mía’, así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar ‘la maté por miedo’, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Por una vida sin violencia.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene como función defender, proteger y promover los derechos, garantías e intereses de todas las personas que viven, trabajan, estudian o transitan por la Ciudad de Buenos Aires.

Para esta Defensoría —alineada con la Agenda 2030, con el ODS 5, con la situación de las mujeres cis y transgénero (en sus múltiples expresiones e identidades políticas) y con la de sus hijxs, que transitan situaciones de violencia—, consiste en una preocupación central.

Según los registros publicados por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, las estadísticas de feminicidios de 2019 arrojaron la lamentable cifra de 327 femicidios por razones misóginas —una mujer asesinada cada 26 horas— , en la que se advierte un preocupante aumento respecto de años anteriores, contabilizándose 63 femicidios en los dos primeros meses de 2020.

Desde el 20 de marzo —fecha de comienzo del período de Aislamiento Preventivo Social Obligatorio— y hasta el 11 de junio de 2020, datos proporcionados por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” —coordinado por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”— arrojan que se cometieron 67 femicidios y femicidios vinculados y, según las estadísticas del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, al 30 de junio del corriente, se perpetraron 162, siendo 81 los casos ocurridos durante el aislamiento, lo que implica una mujer muerta cada 27 horas a consecuencia del machismo y de la misoginia, que son el soporte y la estructura de un sistema organizado en jerarquías —y desigualdades— y en un entramado de relaciones de poder al que se denomina “patriarcado”^[1]. Diana Russell y Jane Caputi dieron a conocer el término femicidio en un artículo publicado en 1990 como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres” y, en 1992, Russell —junto a Jill Radford— lo definieron como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”.

La antropóloga e investigadora feminista mexicana Marcela Lagarde llevó a cabo un interesante desarrollo sobre este concepto incorporándole un sentido político al denominarlo “feminicidio”^[2] con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado y el incumplimiento de sus obligaciones en tanto garante de los compromisos asumidos en los tratados internacionales, haciendo visible la impunidad que suele estar detrás de estos crímenes; lo que equivale a decir, la falta de acción y la desprotección estatales frente a la violencia machista contra las mujeres.

Si bien en el lenguaje cotidiano se utilizan ambos términos como sinónimos, no dan cuenta de lo mismo, entendiendo que, tal como se mencionó, el desarrollado por Lagarde lo amplía y lo profundiza otorgándole un sentido que hace de las políticas públicas un aspecto significativo y nodular para la defensa y el tratamiento de los derechos vulnerados.

Otros datos significativos

Durante 2019, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) atendió 12.457 casos —un 7% más que en 2018—, y respondió 4.861 consultas.

Este organismo fue creado en 2006 con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentren en situación de especial vulnerabilidad —como aquellos casos de riesgo de vida— recibiendo presentaciones espontáneas y/o derivadas por terceros.

Según el informe presentado ante la Cámara de Diputados por la ministra nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la línea telefónica 144^[3] —efectivizada en el marco de la Ley 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales— cumple el mismo objetivo, y recibió 10.351 consultas entre el 20 de marzo y el 20 de abril, con un promedio de 345 por día: en un 73% de los casos, hicieron referencia a situaciones de violencia física. En el 48% de los llamados, el agresor era la expareja, y en un 44%, se trataba de la actual pareja de la víctima, panorama ante el cual la funcionaria admitió:“Es un problema. No logramos bajar los femicidios”.

A ninguna mujer que está inmersa en una situación de violencia le gusta estarlo, ni tampoco lo elige, pero, enfrentar la decisión de poner fin a la relación con el agresor no es fácil de asumir, dado que confluyen allí una multiplicidad de factores que deben conocerse y comprenderse en mayor profundidad a fin de poder acompañar ese complejo proceso de “avances y retrocesos”.

Medidas de protección y estrategias de intervención en los hechos

La situación vivida por Carla Soggiu en enero de 2019 interpela al punto de incentivarnos a repensar las herramientas de protección y seguridad ofrecidas a las mujeres que transitan situaciones de violencia, como así también, el grado de utilidad de algunos de los dispositivos con los que se cuenta hasta el momento para hacer frente a situaciones de violencia de género —violencia hacia las mujeres / violencia machista— y violencia doméstica. Esta última tiene un impacto directo, por lo menos, en una de cada cuatro familias, siendo que algunos estudios realizados en diferentes partes del mundo señalan que un 50 % de las familias padece, ha sufrido o experimentará algún tipo de maltrato de esta índole, alertando, además, que estas problemáticas deben ser consideradas como un grave problema social y de salud pública. 

Lamentablemente, el 19 de enero del año pasado, Carla, de 28 años, fue encontrada muerta en el Riachuelo, luego de activar su “botón anti-pánico”, sin lograr ubicársela con precisión por dificultades en su geolocalización. En función de este episodio, surge la pregunta acerca de la “protección o desprotección” a la que están expuestas las mujeres, sumando a ello la necesidad de repensar los dispositivos actuales de seguridad en su operatividad y eficiencia focalizando, en este primer acercamiento, en el uso del botón anti-pánico.

Nuestro país cuenta con una gran disponibilidad de leyes —múltiples y de avanzada— que se sancionaron tomando como punto de partida las adhesiones a tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), entre otros, acuerdos que nos han proporcionado los marcos legales para desarrollar una serie de herramientas y mecanismos de protección y seguridad para las mujeres y sus familias que transitan situaciones de violencia, pero, la realidad se impone y, en función de los hechos, considerando su gravedad, urge revisar y repensar la eficacia y operatividad de esos dispositivos.

RECORRIDO HISTÓRICO 

Movimientos, leyes y tratados internacionales

En el año 1979, el sistema de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW— constituyendo uno de los tratados jurídicos más importantes a nivel internacional que marcó un hito en la historia de lucha de las mujeres, y que Argentina firmó en 1980.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing celebrada en 1995 fue el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer realizada en China y conocida como la mayor reunión de defensoras y defensores de la igualdad de género. Esta acción instituye la perspectiva de género como eje orientador para el desarmado de las estructuras sexistas y discriminatorias, e insta a los Estados a adoptar o aplicar leyes específicas, y que estas sean revisadas periódicamente para asegurarse su eficacia y adoptar las medidas necesarias que garanticen la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing celebrada hace mención a la necesidad de capacitar a todxs lxs funcionarixs en derechos humanos, y advierte acerca del castigo hacia quienes cometan actos de violencia contra las mujeres, haciendo particular hincapié sobre lxs agentes públicxs que deban acompañar el proceso de las mujeres.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron a tomar medidas estratégicas en doce esferas de especial preocupación: la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia, los conflictos armados, la economía, el poder y la toma de decisiones, los mecanismos institucionales, los derechos humanos, los medios de comunicación, el medio ambiente, entre otras.

Así también, es necesario recordar que, el 9 de junio de 1994, nuestro país firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”.

El 28 de diciembre de ese mismo año, se promulgó la Ley 24417 de Protección contra la Violencia Familiar para la Ciudad de Buenos Aires y, finalmente, en 2009 se logró una instancia más de avanzada, la Ley 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, sancionada el 11 de marzo y promulgada el 1 de abril, siendo de aplicación en todo el territorio nacional y que busca hacer valer los derechos para todas las mujeres.

Al considerarla y aplicarla, se registra en ella un nivel superador respecto de la anterior, ya que alude a la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos, describiendo y enumerando tipos y modalidades en que la violencia se expresa, además de dictaminar medidas preventivas y de protección. 

Algunas consideraciones respecto de la Ley 26485 

En el artículo 4°, define como violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

A los efectos de la presente ley, se considera violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”. 

Esta definición nos permite visibilizar a la violencia contra las mujeres como una problemática social que requiere del desarmado de patrones culturales que sostienen y promueven la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre ellas. En el artículo 5°, quedan específicamente comprendidos los tipos de violencia contra la mujer: 1-Física

2-Psicológica

3-Sexual

4-Económica y patrimonial

5-Simbólica

El artículo 6º da cuenta de las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia en los diferentes ámbitos:

1-Violencia doméstica contra las mujeres

2-Violencia institucional contra las mujeres

3-Violencia laboral contra las mujeres

4-Violencia contra la libertad reproductiva

5-Violencia obstétrica

6-Violencia mediática contra las mujeres

En 2019, recibe dos modificaciones que amplían su alcance: la primera, que contempla como una modalidad de violencia hacia la mujer al acoso callejero (registrada bajo el N° 27501) entre otras cuestiones, y la otra, promulgada de hecho el día 18 de diciembre y publicada dos días después, que incorpora la violencia pública-política contra las mujeres (registrada bajo el Nº 27533). La violencia de género es una problemática que vulnera los derechos —para humanas, humanos y humanes— de mujeres y niñas (afectando a una de cada tres mujeres) y que impacta no solo en esa población, sino también en la comunidad toda; justamente, por las secuelas que deja, como, por ejemplo, hijxs húerfanxs. Se la puede concebir como una violencia de raíz estructural que no guarda relación alguna con los rasgos particulares o especificidades de las personas que la sufren, sino más bien, con la forma de entender las relaciones entre varones y mujeres —y cuerpos feminizados o identidades diversas y/o disidentes— establecidas por la cultura; es decir, como una violencia instrumental que se ejerce a través de la dominación y control social para mantener el poder de “unos” sobre otrxs.

Esas relaciones entre “varones y mujeres” se configuran y se dinamizan desde diferentes aspectos: uno de ellos refiere a los estereotipos de género, que operan como aquellas ideas o creencias arraigadas en lo social relacionadas con cuál es o cuál debería ser el rol de hombres y mujeres, caracterizándose por atribuir rasgos, actitudes, comportamientos y patrones rígidos a cada uno de los géneros disponibles según la concepción dualista y binaria del mundo que, al ser compartida por la comunidad —por yacer en la cultura mediante cosmovisiones, hábitos y prácticas sociales—, pasa a formar parte del “orden simbólico colectivo”. Estos estereotipos construidos desde jerarquías artificiales suscitan y profundizan la desigualdad entre los géneros, dado que apuntan hacia ello. Esa “jerarquía” y esa “desigualdad” que sustentan avalan y potencian la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, uno de los caminos tiene como principal objetivo —y así lo estipulan convenciones y tratados— la deconstrucción de los estereotipos de género, andamiaje internalizado que orienta nuestras acciones y conductas desde un nivel inconsciente, lo cual genera efectos concretos en las interacciones humanas: desigual distribución del trabajo, diferencia salarial, acceso a lugares de poder, entre otras consecuencias. 

OBJETIVOS DEL INFORME

Considerando que han pasado 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y 41 de la CEDAW, haciendo valer sus principios, postulados e indicaciones, y sumando la experiencia concreta de las mujeres en tanto realidades que deben orientar las acciones, confirmamos y evaluamos —tanto necesaria como acertada— la decisión de repensar las herramientas de protección y seguridad con las que contamos a nivel nacional y, puntualmente, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo dispuesto por estos tratados internacionales y los compromisos asumidos al momento de su firma e implementación.  Por tal motivo, en el caso que nos compete —“repensar la operatividad y eficacia del botón anti-pánico como medida de seguridad y protección”— nos centraremos en la experiencia directa de mujeres usuarias y visibilizaremos sus pensamientos, palabras, sentires y padeceres, descubriendo allí el punto de partida de una realidad validada por la propia práctica y valorando, además, una actitud combativa y altruista que pone en evidencia no solo su generosidad, sino también su valentía. Este último aspecto ha sido

fundamental para el protagonismo que llevaron adelante, actitud que interpretamos como un indicador de salud mental junto al merecido reconocimiento de “sobrevivientes”, tal como ellas mismas se definen.

MODALIDAD DE TRABAJO

En función de lo mencionado, cabe destacar que el trabajo con grupos focales y entrevistas directas ha sido nuestra principal fuente de insumos, además de los aportes de algunos organismos comprometidos con el funcionamiento del botón anti-pánico.  A través de la técnica de grupos de discusión (Focus Group), se aplicó una metodología de investigación cualitativa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cada grupo —compuesto por un universo de mujeres que tengan el botón anti-pánico actualmente o lo hayan tenido en los últimos doce meses— contó con un periodo máximo de dos horas. Todas ellas accedieron a participar de los grupos de manera voluntaria y sus datos fueron recabados en privado.

Para el reclutamiento y armado de la muestra, se tuvieron en cuenta las variables Edad y Nivel Educativo. En total, se evaluaron cuatro grupos divididos según los niveles socioeconómicos medio alto y medio bajo. Al final del estudio, se comprobó que la problemática no presenta grandes diferencias y que atraviesa a todos los segmentos etarios, educativos y socioeconómicos por igual. 

El tratamiento de la temática se dividió en tres grandes secciones, respetando los objetivos de la investigación. En el primer bloque, se abordó el área personal, con breves presentaciones y puestas en escena de las historias de cada mujer, dando lugar a lo subjetivo: las emociones, las expectativas, las evaluaciones y las de sus contextos.

El segundo bloque se centró en lo técnico: el proceso y los trámites que ellas debieron llevar a cabo para acceder al botón, las explicaciones y el trato con los agentes y, una vez obtenido el dispositivo, su funcionamiento específico.

La tercera y última sección desarrolló las sugerencias, las críticas y los cambios que las mujeres harían para optimizar su uso, en caso de que consideren que puede haber una mejora.

GUÍA DE PAUTAS

1. Primer bloque: LO PERSONAL

Presentación personal de los coordinadores/as del grupo y de los objetivos de la investigación.

Presentación de las participantes: ¿Hace cuánto tienen el botón? ¿Qué evaluación general harían del botón? (Muy bueno, Bueno, Malo, Muy malo). Si yo les digo: Botón anti-pánico, ¿qué adjetivos o palabras se les viene a la cabeza? (Útil, Seguro, Control, etc.).  Expectativas: ¿Qué esperan del botón? ¿Qué expectativas tienen/tenían? vs. Realidad: ¿Qué les dio el botón? ¿Se cumplieron sus expectativas? ¿Por qué?

Hábitos y comportamientos: ¿Cómo se adaptaron a vivir con el botón? ¿Cambiaron su rutina? ¿Lo apagan en algún momento? ¿Por qué?

Familia y contexto: ¿Cómo lo tomaron los familiares más cercanos? ¿Cómo se sienten al contarles a amigos/conocidos sobre el botón? ¿Cómo lo manejan en el trabajo? ¿Se lo cuentan a sus compañeros? ¿Ellos saben cómo actuar?  ¿Salieron de la Ciudad con el botón? ¿Qué pasó? ¿Pudieron usarlo?

• Segundo bloque: LO TÉCNICO

¿Cómo llegaron al botón? ¿Lo pidieron o se les asignó? ¿Qué instancias tuvieron que pasar para conseguirlo? ¿Cómo se sintieron en esas instancias? 

Proceso burocrático: Primer contacto con el botón. ¿Hubo contención por parte de los profesionales que las atendieron?

¿Les dieron el botón en tiempo y forma?Condiciones de la batería, aspecto del equipo, cargador. 

Explicación: ¿Le explicaron cómo usarlo? ¿Entendieron esa primera explicación? ¿Se volvieron a contactar para evacuar sus dudas? ¿Se contactaron ellas mismas para preguntar?

Folleto: ¿Les sirvió? ¿Lo volvieron a mirar? Contrato: ¿Lo leyeron? ¿Qué les pareció tener que firmarlo para poder acceder al botón? ¿Pudieron llevárselo? ¿Tuvieron el tiempo necesario para leerlo y entenderlo o evacuar sus dudas? ¿Alguien les explicó? Funcionamiento y uso: ¿Alguna vez lo usó/activó? ¿Qué respuesta tuvo? ¿Cómo fue la atención? (en rapidez y contención). (No solo el botón de pánico, sino también las consultas: ¿Las llamaron? ¿Supieron contenerlas o responder sus dudas? ¿Cómo las trataron?

¿Es fácil de usar el botón? ¿Es accesible? ¿Cómo se llevan con la tecnología?

c- Tercer bloque: RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

¿Cómo modificarían el botón? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le sacarían? ¿Qué cosas no les funcionaron? ¿Cómo funcionaría mejor?

EL BOTÓN ANTI-PÁNICO: ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA? 

Este dispositivo de “seguridad y vigilancia” fue creado para proteger a las personas que viven situaciones de violencia con cierto nivel de riesgo. Apunta a dar protección y seguridad a las mujeres que atraviesan esas experiencias y que lo adquieren luego de una evaluación de “riesgo” —medio y alto—, una vez efectivizada la denuncia.

Tiene el tamaño de un teléfono celular que está conectado con la Central de Monitoreo de Alarmas Fijas y Móviles, desde donde se envían los mensajes de alerta al Comando Metropolitano. Cuando se acciona, se activa de inmediato el sistema de georreferenciación que localiza el lugar en el que se encuentra la mujer y genera una grabación de todo lo que está ocurriendo en el ambiente que luego, de ser necesario, puede ser utilizado como prueba, constituyéndose así en una importante herramienta de utilidad para la justicia, por ejemplo, en los casos donde no son respetadas las medidas de prohibición de acercamiento. 

El dispositivo de seguridad tiene tres aplicaciones: SOS, chat, y la posibilidad de comunicarse con un operador para situaciones que no sean de emergencia (por mal funcionamiento del aparato, búsqueda de una comisaría o un hospital, o si la persona está extraviada).

DATOS PROPORCIONADOS POR UNO DE LOS ORGANISMOS IMPLICADOS EN LA VOZ DE MARIANA URTASUN

En una entrevista realizada por Infobae^[4], Mariana Urtasun —responsable del Centro de Monitoreo de Alarmas y Móviles de la Policía de la Ciudad— sostuvo que, gracias a estos dispositivos, en 2017 se detuvo a 95 personas, y que ninguna mujer que los haya tenido fue asesinada en el ámbito porteño.

Otros datos suministrados durante la charla hacen referencia a que, desde 2011 y hasta enero de 2020 fueron entregados 20.000 botones, de los cuales, aproximadamente 18.000 han sido entregados a mujeres víctimas de violencia de género —violencia hacia las mujeres/violencia machista— de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019, 9.900 de estos continuaban activos hasta el mes de enero, en que deja el cargo en ese organismo.

La funcionaria también se explayó sobre tres aplicaciones: “SOS, chat, y la posibilidad de comunicarse con un operador para situaciones que no sean de emergencia (mal funcionamiento del aparato, búsqueda de una comisaría u hospital o si la persona estuviera extraviada). En el caso de que la persona se encuentre en riesgo y no pueda hablar con el operador por encontrase cercana a su agresor o en otra situación que lo amerite, existe la posibilidad de comunicarse a través de un chat, por medio del que se pueden enviar fotos y videos, siendo este un sistema similar a los utilizados en las redes sociales”. 

Los botones son entregados por el organismo ajustándose a determinadas pautas: “(…) entregamos los dispositivos solamente por oficio judicial. O sea, la víctima hace la denuncia en alguna comisaría, se deriva a la Oficina de Violencia de Género y ellos evalúan el riesgo que corre cada víctima. A partir de ahí, se sortea el Juzgado o la Fiscalía que corresponda. Y luego, desde ahí, nos llega el oficio solicitándolo. Entonces, citamos a la víctima para que retire el dispositivo, o viene directamente con el oficio en la mano y nosotros hacemos la entrega (…) Para nosotros es muy importante la educación que damos con el uso del dispositivo. A las 24 horas en que la víctima retira el botón, nuestro personal se comunica para ver si entendió cómo es el funcionamiento, si tiene alguna duda, si funciona, hacemos pruebas. Todo, para que también sienta que es una herramienta que le va a servir y que tiene que cuidarla para poder usarla en el momento que la necesita (…)”.

Acerca de su funcionamiento, puntualizó: “(…) Cuando la víctima presiona el dispositivo —el SOS—, su llamado entra al Centro de Control y Monitoreo. Automáticamente, se muestra el geoposicionamiento del botón, dónde está ubicada la persona, y esto permite que se pongan en contacto, porque aparece todo el paquete de datos. Entonces, mientras el operador toma contacto con la mujer y habla con ella, se elabora lo que llaman ‘Carta 6-911’, que es la comunicación que tienen con el Comando de Operaciones. Si la mujer puede, describe la situación en la que está y el operador le describe el caso al 911. Ellos despachan un móvil desde la comisaría más cercana hacia la localización que aparece del botón. Mientras eso sucede, la Central no corta nunca la comunicación con la mujer”. 

En cuanto a los obstáculos, la funcionaria señaló: “El problema es que, cuando interactuamos mediante el Comando Radioeléctrico con otras jurisdicciones policiales y jurídicas, dependemos del desplazamiento policial de cada provincia. Otros problemas que existen es que, a veces, la batería no está bien cargada, o cuando nos llaman desde una zona donde no hay buena señal de la prestadora de la telefonía. El funcionamiento del GPS puede variar de acuerdo con la ubicación de las antenas cercanas —lo cual demora la llegada del móvil por la dificultad de geolocalizar a la persona—, con el clima (si llueve) o, como dije antes, si el botón anti-pánico tiene poca batería. (…) Enviamos un móvil, por las dudas, ya que entendemos que pasó algo. No conocemos la causa por la que se apagó: puede ser accidental o porque el agresor lo apagó o lo rompió (…)”.

Hasta aquí tenemos la referencia formal del dispositivo que debe retirar la mujer en la sede que se le indica, una vez dictada la medida.

LA VOZ DE LAS MUJERES: EXPERIENCIAS CONCRETAS RESPECTO DEL USO DEL BOTÓN 

Cuando las usuarias comparten sus experiencias, inmediatamente se advierten contradicciones respecto del uso del botón. Sus reflexiones fluctúan entre dos polos, uno, asociado al peligro, y el otro, al cuidado. Dicen, por ejemplo: “Es un grillete que te atan” vs. “Es como una custodia personal”.

1-

Por un lado, se le realiza una serie de críticas, dado que su implementación afecta el normal desenvolvimiento de los quehaceres diarios, complejizándolos y “limitando sus movimientos”, a lo que se suma una vivencia de estar en todo momento a merced de un “control externo” cuando interpretan —de ahí, su reclamo— que el “controlado debería ser el violento”. Es necesario considerar que una de las técnicas de violencia utilizadas por el agresor es un “control excesivo” que, en infinidad de casos y de manera progresiva en muchos otros, culmina en el aislamiento. Pareciera ser que el botón les revive en forma constante la sensación de sentirse controladas, en este caso, no por el agresor, sino por el entorno profesional responsable de su cuidado. Este reclamo abre la necesidad de reflexión sobre ciertos aspectos de la protección que hace foco en las víctimas y no en los victimarios que, muchas veces, esperan en libertad conservando su cotidianeidad sin mayores alteraciones.

“Ellos andan libremente, no tienen que avisar adónde van. Nosotras somos las vigiladas”.

“Lo más conveniente es que la persona que es violenta tenga que tener el dispositivo”. 

“Que los controlados sean ellos”.

“Cuidar que no se oprima sin querer, que le falte batería. Yo lo toqué sin querer y ya me estaban llamando. ¿Por qué no lo monitorean a él en vez de a mí? Siento que yo soy a la que rastrean, sé que es por mi cuidado, pero yo no hice nada para que todo el tiempo sepan dónde estoy. ¿Por qué no lo rastrean a él?”

“Lo ideal sería una tobillera y un chip con geolocalización incorporado al cuerpo del agresor para evitar que se acerque al domicilio personal, al trabajo, a la escuela de los hijos, etc. El botón rige si las mujeres lo ven (al agresor); si no lo ven, no saben dónde está y no pueden prevenir”.

Al salir de la Ciudad para trabajar o hacer visitas a otras personas, las mujeres afirman haber recibido llamadas de la Central para que les notifiquen sus movimientos, y que utilicen el servicio de llamada al 911 por alguna situación de riesgo, atento a que la Policía de la Ciudad no puede actuar en Provincia.

Tengo que llamar para avisar que voy a la Provincia. Es una desprotección total, tengo que avisar que no lo voy a llevar porque no lo puedo cargar.

Por otro lado, el botón opera desde algún lugar ligado a un “registro de seguridad” en cuanto a su representación interna, otorgándoles —por lo menos en un inicio— una mínima percepción de la misma. De hecho, cuando se vencen las medidas de protección —cautelares—, muchas se “resisten” a devolverlo y prefieren conservarlo a pesar de las críticas que le formulan.

Ejemplos:

“Irónico: ahora tengo que estar presa de ese cosito, del cargador. Al botón lo tengo que llevar siempre conmigo”

“Los botones tienen que ser siempre para el agresor. Vos sos la que está siempre controlada mientras él va y viene adonde quiere. Este tipo de cosas las tendría que tener el violento; él es el que no cambia”.

“Me cansé de este control, fui una gran esclava de este dispositivo. Elijo dejarlo en mi casa, pero cuando me siento en peligro, lo llevo”.

“¿Tenemos que cuidar el botón o el botón nos cuida a nosotras? Es un dolor de cabeza, durante mucho tiempo fui su esclava”.

“Sentía que tenía una protección extra, sentía que tenía una custodia personal”.

“Nunca me dio la sensación de protección, porque cuando llamé —a la Policía— tardaron 40 minutos” (en llegar).

“Es una medida que nos da sensación de seguridad, pero no es la medida”.

“En parte te ayuda, pero es fea la situación de tener algo así: llegar corriendo para usarlo o tenerlo encima te hace recordar la fea experiencia”. 

“Siento que vivo en un gueto, vigilada y controlada”.

“Ahora yo soy presa del botón”.

“Siento que yo soy a la que rastrean, sé que es por mi cuidado, pero yo no hice nada para que todo el tiempo sepan dónde estoy, ¿por qué no lo rastrean a él? Que él tenga algo para que detecten si está cerca, tienen que evitar que lo vea. Para que una no entre en estado de pánico”.

“A veces me siento incómoda cuando me llama la Policía: la otra vez me llamaron a la madrugada y sentís que vos sos la que está monitoreada. A él lo deberían estar monitoreando para que yo no llegue a verlo”.

“Vos tenés que dar la explicación, vos tenés que decir, vos tenés…”.

“Algunas veces no lo llevo, porque no quiero ver el botón. Me recuerda toda la situación de por qué me lo dieron”.

“Tenés un sacudón: por un lado, la sensación de protección, y por otro, que estás en desamparo. Es una sensación doble”.

“Yo lo llevo hasta cuando salgo hasta el quiosco, vive a 50 metros de casa, estoy en riesgo permanente, él deambula todo el tiempo”.

“Una entra en pánico. Ante una amenaza, se necesita inmediatez, sentirse acompañada” (por el dispositivo y las medidas).

“Estás tan vulnerable que te doy esto. Yo me sentí débil”.

2- 

Atento a lo referido por las usuarias, se advierte que, para algunas de ellas, el hecho de recibirlo genera un registro más consciente de las situaciones de violencia de género y doméstica a las que estuvieron siendo —y en algunos casos, aunque con otro formato, lo siguen estando— sometidas, dado que ellas no eligieron pasar por esas experiencias de maltrato. La adquisición del botón parece funcionar como si, por su tenencia, tuvieran un registro interno más profundo y claro que les devuelve, de algún modo, la gravedad de las experiencias de violencia crónica que atravesaron (y atraviesan). Este hecho visibiliza la verdadera relevancia que, hasta ese momento, había quedado desdibujada debido a los circuitos desestructurantes de los ciclos de la violencia, con todo el peso emotivo y la erosión psíquica que eso conlleva. 

Lo reconocen como una medida judicial que les da la razón, como un tercero externo —de peso— que “legitima” lo que ellas relatan operando, en consecuencia, a nivel de protección y como una posibilidad de castigo hacia el agresor, en tanto lo que ellas dicen es real. Esta consideración las reafirma en sus interpretaciones y otorga veracidad a sus vivencias, no porque no la hayan tenido, sino porque el victimario suele desmentirlas y hacerlas responsables del maltrato que reciben. A esto habría que agregar la “doble fachada” de los agresores, cuyos comportamientos cambian según se encuentren en un contexto público o de intimidad, tomando en cuenta —además— que las mujeres, por diferentes motivos, suelen callar lo que les está pasando, dado que sienten que las demás personas no les van a creer, situación bastante frecuente en el ámbito social. 

“Tenés un sacudón: por un lado, la sensación de protección, y por otro, que estás en desamparo. Es una sensación doble. Mirá lo que me pasa y el riesgo que estoy corriendo: es riesgo de muerte”.

“Me dio la certeza de peligro y, a la vez, de que estás cuidada. Yo naturalicé la violencia durante treinta años; si me lo dieron, fue porque estaba en peligro”.

“Fue darme cuenta exactamente del lugar en que estaba; fue un baño de realidad y de enfrentarse a que soy víctima”.

“El botón es simbólico: tenerlo te da el estatus de víctima para lo sociedad y para nuestros hijos”.

“El botón te legitima donde nada ni nadie te legitima como víctima de violencia” (en el trabajo, con la familia o lxs amigxs)

“Los mecanismos de juzgamiento y señalamiento recaen siempre sobre las víctimas”.

“El botón es algo específico; no es lo mismo cuando estoy en casa que cuando estoy en otro lugar. Los otros preguntan: ¿Che, qué es eso? Cuando les explicás, es como que te dan mayor credibilidad o importancia: Ah, entonces es cierto. Es importante, es cierto. Como que, simbólicamente, te legitiman”.

“Mi familia con la que estoy sabía; en el comedor donde trabajo, también, pero hay una que se burla: ‘Por eso no tiene marido, porque tiene el botón anti-pánico’”.

“En mi trabajo, algunas personas más cercanas lo saben, pero no es fácil compartirlo, a mí me costó contarlo. El tener el botón me ayudó a tomar consciencia de esto”.

“Tuve que llamar al 911 porque la red estaba ocupada. Inmediatamente (el agresor) convenció a la Policía de que era yo, ellos le creyeron a él mientras que yo todavía no había hecho la denuncia. Él casi me acuchilla”.

Sostienen que, a veces, suele ser una carga apretar el botón, aunque el agresor esté cerca y su presencia no conlleve un riesgo físico, dado que lo piensan en un contexto de reunión familiar y/o con amistades por todo lo que impacta e implica la presencia de los patrulleros en el lugar, como por ejemplo, en ocasión de festejo de un cumpleaños de lxs hijxs o de sus compañeritxs de escuela.  Afirman, además, sentirse dependientes por tener que llevar siempre con ellas no solo el botón y el cargador, sino también, las medidas cautelares. Al principio, manifestaron tenerlo todo el tiempo a mano para poder activarlo; después de un periodo, algunas reconocen no portarlo en determinados lugares por los inconvenientes técnicos que les genera. Agregan que llevarlo constantemente les recuerda la escena traumática que sufrieron. “El botón está cargado de esa historia”.

“No quiero ver el botón: me recuerda toda la situación de por qué me lo dieron… me hace volver al momento”.

“Te genera dependencia, tenés que llevar todos los papeles encima. No te sentís libre”.

“Te genera la dependencia de tener que llevarlo siempre encima, siempre cargado, tenés que llevar el papel que te hicieron como oficio”.

“Se puede activar porque sí. Tenés que avisar cuando salís a Provincia, aunque vayas y vuelvas tres veces por día”.

3-

En cuanto a su funcionamiento, uno de los obstáculos que se destaca hace referencia al grado de eficiencia técnica y tamaño:  Señalan la duración de la batería como un verdadero problema, refiriendo que se descarga con mucha facilidad y que tiene poco tiempo de duración. Así también, la falta de fuentes eléctricas genera otra situación de dificultad; por ejemplo, si se encuentran en la calle o en lugares carentes de estas fuentes. Algunas afirman trabajar en ferias o en espacios abiertos “quedando totalmente expuestas”, teniendo en cuenta, además, los traslados que les exigen sus tareas diarias, como viajes en diferentes medios de transporte. También hacen mención a que, muchas veces, ponen a cargar la batería del dispositivo durante horas —“toda una noche”—, tarea que, en definitiva, no se completa o se carga en un mínimo porcentaje, por lo cual, la situación se convierte en un problema recurrente. 

Con relación a la activación del botón, las mujeres afirmaron que es demasiado sensible, que —muchas veces— se activa solo con el roce dentro de la cartera, y que de inmediato reciben la llamada de la Central en lugares o situaciones en las que ellas no desean ser visibilizadas por la situación de violencia que atraviesan (por ejemplo, durante una entrevista o reunión de trabajo). En ese sentido, debemos comprender que a muchas mujeres les genera “vergüenza” llevar el rótulo, que lo consideran un “estigma”, siendo esta una de las razones que las demora en pedir ayuda o efectivizar una denuncia. El silencio, en algunas, suele estar presente durante años, sin que el contexto que las rodea tome registro de lo que les pasa, lo cual contribuye —sin querer— en la perpetuación de esa situación que se torna más grave con el correr del tiempo. 

“Hice cambiar el equipo porque no me servía. Cuando (el agresor) se acercó a la escuela, tenía 1% de batería”. 

“Lo pongo a cargar toda la noche y ahora tengo 55% de carga. Llego a mi trabajo y ya se apagó (algo así como dos horas de duración) y ahí no tengo posibilidad de cargarlo. El cargador del equipo no sirve, le pongo otro mío. Cuando me llamaron a mi celu por si necesitaba algo, les dije que no servía. Si tengo que estar todo el día en la calle, eso no funciona”. 

“Me lo dieron sin carga, cuando volví y tuve la situación con el agresor estaba sin carga. En dos horas ya me anunciaba el 15%”. “El cargador no sirve y la batería se desgasta rápido y ellas pueden estar en una situación peligrosa. El botón me lo cambiaron, pero sigue igual o peor, no carga, aunque esté toda la noche”.

“Está todo el día cargando. Se me descarga a cada rato, tengo que sacar la batería y volverla a poner, luego me dice que está cargada en un 100%, pero para sacarla tengo que llamar y avisar”. 

“El mío carga un 30% y está toda la noche. El botón antiguo es una maravilla de tamaño, este es un botón mamotreto. Yo no puedo tenerlo porque, en la calle, tiene poca batería. Tiene que haber una aplicación para el celu”.

“Cuidar que no se oprima sin querer, que le falte batería. Yo lo toqué sin querer y ya me estaban llamando”.

“Es muy difícil que el otro pueda ayudarte directamente; lleva un proceso de preparación para contarlo y compartirlo”.

“Mi hijo no sabe nada del botón. Lo hago para protegerlo”.

“Apretar el botón es una carga, un trauma, una estigmatización para nuestros hijos hasta en un cumpleaños, porque viene la Policía”.

“El otro era más chico y lo podés esconder, a este —que es más grande—, encima, lo tenés que desbloquear. Cuando me lo dieron, me dijeron: ‘vos apretás y ya están ahí’”.

“El tamaño es muy grande, parece un celu, puede venir un ladrón y te lo roba”.

“Yo me manejo mejor con el celu: me llama la Fiscalía, el Centro de la Mujer”.

“Esto te delata, es mejor el celu. A veces, te olvidás de llevarlo; son dos aparatos”.

Por otro lado, se encuentra la necesidad de contar con buena señal para que funcione la comunicación, dado que, por momentos y en algunos lugares, la señal no se activa y falla la comunicación —y la geolocalización—, siendo esta una situación demasiado delicada que las pone en riesgo atento que, si el agresor se encuentra cerca, quedan a su merced totalmente desprotegidas. Esta situación merece todo el cuidado posible, entendiendo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Lamentablemente, son múltiples los casos publicados por los diferentes medios de mujeres asesinadas en la vía pública en manos de su pareja o expareja. 

“Si te preguntan dónde está la geolocalización, no funciona. Otra opción es escribir, pero no todo el mundo puede escribir”.

“Los violentos violan las medidas de protección. Las medidas tienen que estar digitalizadas e incluidas en el botón (hay dispositivos que lo tienen). Tiene que haber una forma de que quede registrado que él se acercó y que vaya al expediente. Tiene que ser una prueba de acercamiento del agresor, tiene que ser presentado como prueba. Aunque las medidas cautelares ayudan, hice una denuncia por acercamiento y no me dieron bola”.

“Te dicen: ‘Manténgase comunicada’, y a veces no podés, porque ya te lo sacó o ya te ahorcó”.

“Yo salgo con miedo todavía. Tenés que estar sabiendo las calles, porque te preguntan y tenés que ser muy específico”.

“La señal es otra cosa, adentro de la Villa yo no sé bien la dirección y estoy viendo dónde estoy para que se acerquen a mí” (haciendo referencia a las dificultades para ubicarse de manera precisa por el tipo de señalización local y la falta de señal en algunos de estos lugares).

“El dispositivo es demasiado grande, difícil de esconder. Pierde la señal”.

“Para nosotras, ver al violento —aunque sea lejos— es desestabilizante; es el ABC”.

“Él me quiere ver muerta, tiene un odio inmenso hacia mí. No sé qué respuesta inmediata pueden tener, puede pasar cualquier cosa”.

“Que él tenga algo para que detecten si está cerca. Tienen que evitar que yo lo vea porque si no, entro en estado de pánico”.

“La sensación física que tengo es que me tiembla el cuerpo”.  

“Cuando llamo, que me atiendan. Dos veces me pasó que me dijeron que el operador estaba ocupado y no me atendían, y yo necesitaba hablar. La línea está ocupada, la red está ocupada”.

“Otra vez, aprieto el botón. Yo no sabía la dirección y no podía decirles dónde estaba; el vecino de al lado llamó”.

Comentan, además, que el agresor puede estar demasiado cerca y arrebatárselos sin que ellas puedan hacer nada para que no las agreda, aunque tengan el botón a mano y en funcionamiento. Reclaman no solo por control, sino también por seguridad, que sea el victimario que use tobillera; necesitan enterarse antes de que “anda cerca”, porque, de contar con ese dato, pueden alejarse o esconderse a fin de evitar el encuentro.

“Siento que soy yo a la que rastrean (…) ¿por qué no lo rastrean a él? Que él tenga algo para que detecten si está cerca; tienen que evitar que lo vea para que una no entre en estado de pánico”.

“A veces, la dificultad de apretarlo cuando está presente, o si lo tenés en la cartera y él te la arrebata”.

“El tema de la batería que se acaba y empieza a emitir un sonido: si lo tenés escondido, él ya se dio cuenta. Ese sonido lo delata y, en el medio que no lo pudiste accionar, te ahorcó”.

“No es que no sirva, pero si estoy en una situación muy complicada a los jalones, aunque ellos me llamen, ¿de qué me sirve?, y si llamás y no te atienden, ¿de qué me sirve? Tiene que tener otro tipo de estructura, más veloz. Y para las criaturas también (preguntan): ‘¿si él se acerca, mamá?’”

“Esto te delata, como que es mejor el celu, a veces te olvidás de llevarlo, son dos aparatos”.

4- 

El siguiente punto por considerar, que también resulta nodular a la temática, surge al momento de preguntarse cómo llegan las mujeres al botón y qué les sucede en ese recorrido, para lo cual, es indispensable conocer la articulación entre violencia de género, ruta crítica, medidas de protección y el botón anti-pánico.

En el caso de las mujeres cis y transgénero, se estima que entre un 35 a un 75% pasarán por situaciones de violencia machista, agravándose aún más en el caso de personas travestis y transgénero, dado que sus expectativas de vida se reducen a unos 35 o 40 años, aproximadamente.

Partiendo de la base de que “todas las mujeres” —en su género devaluado— ya nacen en un contexto de desigualdades y derechos vulnerados, son las leyes y los tratados —tanto locales como internacionales— las herramientas que intentan poner en evidencia estas situaciones de inequidad generando algún tipo de respuesta y arrojando una cierta cuota de justicia social. Sin embargo, la solución a estas irregularidades aún se halla lejos, por lo cual, en el presente informe se propone continuar trabajando para lograrla. 

¿QUÉ DICE LA LEY EN CUANTO A LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA?

La define como aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad: el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

La Ley 26485 resalta y hace hincapié en el derecho de las mujeres a recibir protección judicial y medidas de protección y seguridad preventivas cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, pudiéndose ordenar las medidas preventivas en carácter de urgente contempladas en el artículo 26 del capítulo II, como así también, definir la entrega de un dispositivo de seguridad denominado “botón anti-pánico”.

Las medidas de protección y/o medidas cautelares, junto con el botón anti-pánico, tienen un papel clave en el contexto de las situaciones de violencia que atraviesan, como así también, cumple el mismo cometido: la escucha profesional de quienes deben acompañar estos procesos.

El artículo 16 del título III relacionado con los procedimientos declara que se deben otorgar derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. En consonancia con ello, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, en la presente ley y en las leyes que, en consecuencia, se pudieran promulgar.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BOTÓN ANTI-PÁNICO

Como anteriormente se mencionó, las medidas de protección y el botón anti-pánico son relevantes en el recorrido que realizan las mujeres para salir de la situación de violencia en la que están inmersas. Sin embargo, desde la voz de las protagonistas y desde el relato de lxs profesionales que las acompañan en ese intrincado proceso, se refiere, de manera recurrente, a una multiplicidad de situaciones que no siempre dan cuenta de la efectividad de los dispositivos con los que cuentan.  El otorgamiento de las medidas cautelares o los circuitos que hacen a la radicación de la denuncia son trámites que las obligan a esperar durante horas, muchas veces, acompañadas por sus hijxs pequeñxs, en un estado de cansancio y estrés, quizás golpeadas, con miedo, sin documentos ni dinero, sin alimento, solo con lo puesto o con lo mínimo que alcanzaron a llevarse, carentes en multiplicidad de casos, de redes de contención a causa del aislamiento impuesto por el agresor y/o, por situaciones migratorias, dado que muchas provienen de diferentes provincias o de países limítrofes y no tienen —por su idioma o dialecto— interlocutorxs válidxs ni vínculos cercanos. Estas travesías, son situaciones que están muy lejos de ayudar y que podrían desalentar las decisiones asumidas, contemplando especialmente aquí la situación de mujeres con distintos tipos y grados de discapacidad para quienes este aspecto podría tornarse aún más complicado. 

Lo descripto resulta un contexto desalentador para su intento de salida del cual, las mujeres entrevistadas, dan fe y son absolutamente críticas en su batalla para no ser revictimizadas.

En ese sentido, la escucha atenta, empática y profesional es el primer paso que pueden ofrecer los organismos del Estado, desde sus agentes y/o efectorxs, en la búsqueda de alternativas y salidas definitivas, y la que —acaso— marque la diferencia para muchas en lo que respecta al acceso a sus derechos, a su garantía y al logro de una vida libre de violencias junto al recupero de su dignidad y autonomía. 

LA RUTA CRÍTICA O ITINERARIO

“Se entiende por ruta crítica la secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por una mujer afectada por violencia intrafamiliar para enfrentar la situación experimentada y las respuestas encontradas en su búsqueda de apoyo. La ruta crítica es un proceso iterativo constituido tanto por los factores impulsores como por los factores que desestimulan las acciones emprendidas por las mujeres, así como las respuestas de los prestatarios de servicios que, a su vez, pueden propiciar o inhibir los pasos desplegados por las mujeres. (…) La Ruta Crítica, rara vez, es un proceso lineal; más bien, describe la secuencia de los posibles múltiples itinerarios de búsqueda de ayuda seguidos a lo largo de una o varias relaciones atravesadas por la violencia”^[5].  “(…) se define como los caminos que toman las mujeres para salir de su situación de violencia. Empieza con la decisión y determinación de las mujeres de apropiarse de sus vidas y las de sus hijxs. Siguiendo esta Ruta, conocemos los factores que impulsan a las mujeres a buscar ayuda, las dificultades encontradas para llevar adelante tal decisión, sus percepciones sobre las respuestas institucionales, y las representaciones sociales y significados sobre la violencia intrafamiliar que existen entre el personal de las instituciones que deben ofrecer respuestas a este serio problema de salud pública. Finalmente, aprendemos sobre sus frustraciones y resignaciones que, en muchos casos, las llevan otra vez a la situación de violencia”^[6].

En los años 90, la Organización Panamericana para la Salud (OPS) comenzó a utilizar el concepto de Ruta Crítica^[7]. Entre los años 1996 y 1998, se llevó adelante un estudio innovador del cual participaron diez países y dieciséis comunidades denominado “La Ruta Crítica de las mujeres afectadas por la violencia familiar en América Latina. Redes Ciudadanas de actuación en detección, apoyo y referencia en situación de violencia y empoderamiento de mujeres”, realizado por la Universidad Autónoma de México.

Este estudio priorizó el testimonio de las mujeres y sus recorridos, recuperando en primera persona “la voz” de las propias afectadas para poder identificar tanto las decisiones como las acciones llevadas adelante por las propias mujeres, con el objetivo de lograr una caracterización que Monserrat Sagot clasificó como factores impulsores o inhibidores de la Ruta Crítica, en lo referente a aquellas cuestiones internas o personales que hacen que la mujer inicie y/o sostenga un proceso. No obstante, las cuestiones internas se entrecruzan con las externas y tienen que ver con los apoyos, las redes familiares y las respuestas del Estado. Estas acciones o decisiones que irá tomando la mujer no son sencillas y estarán condicionadas por esta multiplicidad de factores que facilitarán o complejizarán el recorrido en un intento de salida para superar la situación.

El tránsito por este itinerario también visibiliza las diversas estrategias de defensa y protección que despliegan las mujeres, e identifica las dificultades que encuentran para llevar adelante la decisión asumida, como así también, las respuestas que reciben de las instituciones y quienes las acompañan.

En función de lo dicho, se subraya la utilidad de este concepto que permite entender y reconstruir decisiones, acciones y reacciones de las mujeres en situación de violencia y los factores que intervienen en este proceso, las respuestas encontradas o no, así como, los factores facilitadores u obstaculizadores.

En 2012, Alejandra Wagner^[8] propuso llamarlo “itinerario”, apuntando a que se trata de una noción que permite poner de relieve el derrotero que debe recorrer una mujer.

Como se mencionó, se trata de un proceso complejo y no lineal que implica avances y retrocesos, en donde coexistirán cuestiones internas y externas y factores impulsores e inhibidores. Las cuestiones internas —podría inferirse— estarán relacionadas a mandatos, estereotipos de género, representaciones, temores, desconocimiento, vergüenza, culpa, entre otras tantas, mientras que las externas estarán vinculadas con presiones o cuestiones familiares y sociales, respuestas institucionales inadecuadas, limitaciones económicas, etcétera.

Tomando como guía los lineamientos de la OPS/OMS con relación a la “ruta crítica” y a los relatos personales de las mujeres usuarias a las que hemos consultado, quedan al descubierto algunas falencias que, como efectorxs públicxs debemos registrar y profundizar. El propósito es colaborar no solo en la mejora de los dispositivos y recursos tal cual lo expresado en las leyes, sino también reparar en el acompañamiento proporcionado a ellas y a sus familias, situación clave que puede favorecer u obstaculizar sus deseos y posibilidades concretas de salida. 

QUÉ NOS DICEN LAS MUJERES SOBRE ESTE ITINERARIO Y SUS EXPERIENCIAS COMO

USUARIAS DEL ‘BOTÓN’ EN TANTO DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Desafíos, devenires y contratiempos

Antes de radicar una denuncia, las mujeres pasan por diferentes estados, entre ellos: ambivalencia afectiva, dependencia económica, inseguridades que instala el agresor sobre sus posibilidades de supervivencia y/o causadas por descalificaciones sistemáticas que generan impacto directo en la autoestima, generando desvalorización y falta de confianza en sí mismas. En oportunidades, son lxs hijxs mayores quienes las impulsan a realizar la denuncia y, en otras, lo deciden porque sienten que sus hijxs están en peligro, o ellas llegaron a un límite crítico que las coloca en una situación de riesgo de “vida” inminente. 

“Yo nunca creí que a mí me iban a levantar la mano así, te sentís débil y te das cuenta que sos débil. La misma persona con la que estuve tantos años… no me di cuenta cuando empezó todo…”.

“Yo me sentí siempre una mujer muy fuerte… me sentí débil”.

Cuando las mujeres finalmente efectivizan la denuncia, luego de una evaluación de riesgo, el juzgado decide el tipo y las condiciones de las medidas cautelares y, de ser necesario, la implementación de otros recursos de protección, como los refugios, la entrega del botón, etcétera. 

Realizar la denuncia se torna un trámite difícil, teniendo en cuenta lo descripto en párrafos anteriores, la situación de crisis y precariedad —que, para muchas, suele caracterizar este proceso—, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo constante —cuando no, pánico— que trae a la conciencia una y otra vez palabras amenazantes de muerte, de ataque y/o de venganza que suele manifestarles el agresor. Asimismo, los sentimientos de culpa, la preocupación por la subsistencia, el reclamo de lxs hijxs (que, en la mayoría de los casos, son manipulados por el padre, por lo cual quieren continuar junto a él), los mandatos sociales y familiares, las exigencias laborales y un genuino sentimiento amoroso —presente en algunas— que lo torna más difícil aún si agregamos a ello que, en infinidad de casos, ya sea por creencias y/o desmentida de la percepción —gracias a manejos estratégicos por parte del victimario—, se sienten responsables de las situaciones de violencia que padecen. En algunas mujeres, ambas vivencias coexisten generando una sensación interna de caos y confusión por la que les es difícil expresarse y lograr ser comprendidas. 

Es ahí cuando la escucha del/de la profesional debe ser atenta y continente, capaz de brindar la información y la orientación que necesitan sin revictimizarlas ni recargarlas con trámites que, en algunos casos, recaen sobre sus espaldas, como por ejemplo, lo que hace a la notificación del denunciado.

Con relación a ello, las entrevistadas refieren:

“Las diligencias de las comisarías también son un tema; sos víctima, cantidad de horas en la OVD (Oficina de Violencia Doméstica), contás, volvés a contar, te pregunta, vas a la comisaría. Por ahí tenés la suerte que te atienda una mujer con más empatía y no la pasás tan mal. A mí me tocó ir una vez por semana y tenía que esperar y, en definitiva, una va a buscar ayuda. Los teléfonos que figuran en las comisarías no te atienden: ‘Usted se ha comunicado con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires’. Y no te comunicás con nadie”.

“A mí me pasó con tres comisarías que me mandaban de un lado a otro para ver quién lo notificaba”.

“Él no se notificaba, pasaron dos meses”.

“Si él no está notificado, no puedo hacer nada”.

“Me preguntan si estaba notificado, pero, si no lo está, no lo pueden detener. Los tipos no quieren notificarse. En mi caso, les dio un celu a mis chicos y se comunicaba por ahí con ellos”.

“Yo vivía en una jurisdicción y a la consigna (policial) la mandaron de otra y el tema era quién lo notificaba” (con relación a la diferencia de jurisdicciones).

Es menester aclarar que, en ocasiones —las que se advierte con demasiada frecuencia–, los denunciados implementan como estrategia la “no” notificación por el beneficio que este recurso les aporta, lográndolo, por ejemplo, con el cambio de domicilio.

LA ENTREGA DEL BOTÓN. ITINERARIO Y EXPERIENCIAS

Algunas de las mujeres entrevistadas conocían el botón —solo de nombre—, pero no lo asociaban con sus experiencias personales hasta que, tras sus denuncias, les fue otorgado relacionando inmediatamente ese acto con el “reconocimiento de la gravedad” de la situación de violencia por la que vienen atravesando^[9]. 

Asimismo, afirmaron sentirse “revictimizadas” frente a la innumerable cantidad de veces que tuvieron que relatar su experiencia ante diferentes personas, en distintas instancias y organismos. Este recorrido les llevó demasiado tiempo, fue desgastante y, en muchas ocasiones, no pudieron resolverlo en el mismo día, lo que les generó trastornos en la organización de sus vidas cotidianas^[10].  “En las Fiscalías no me dijeron nada, me mandaron a otro lugar a retirarlo. En la comisaría me dijeron cómo lo tenía que usar y que apriete; que los policías que están más cerca iban a venir a mi resguardo; me lo dijeron muy rápido”.

“Yo, en ese momento, estaba muy cansada. Estuve desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ellos me dijeron que estaba para botón porque se drogaba y estaba como loco cuando se drogaba”.

“Al día siguiente, después de toda la tensión, tuve que volver al Juzgado para las medidas” (refiere sentir cansancio por la espera, sumando el tiempo en el Juzgado).

“Al botón me lo dieron sin explicación, no tenía muy claro el uso. Lo que les dicen depende de la persona que les da el botón, es muy disperso cómo se aplica el protocolo. En la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) no me explicaron, apareció en las medidas, pero en la Policía sí me explicaron”.

Algunas fueron consultadas para decidir si querían el botón, y otras afirman haberlo recibido con una sola explicación al retirar el dispositivo. Otras se volvieron a contactar para más explicaciones, pero manifiestan no haber recibido una llamada de la Central de Monitoreo para cerciorase de que el dispositivo esté funcionado en forma correcta. También dicen no haber recibido explicación acerca del contrato, que solo se les indicó dónde tenían que firmar. Algunas se lo llevaron o solicitaron una copia para leer con posterioridad. De todas formas y, a pesar del cansancio, la confusión, la angustia y el miedo —contextos emocionales que suelen acompañar la situación de riesgo en la que se encontraban— muchas afirmaron haber recibido una información relativamente buena. 

“El papel del contrato no te lo leen ellos, solo te preguntan si están bien los datos y que firmes”.

“A mí me explicaron lo básico y me lo dieron sin carga. Cuando volví y tuve la situación con el agresor, estaba sin carga. En dos horas, ya me anunciaba el 15%”.

“Estaba muy boluda y sin dormir cuando lo fui a buscar; pedí que me lo dieran por escrito”.

Manifiestan, además, conocer historias de mujeres a quienes dejan en espera por falta de dispositivos, y que la mayoría recibió el botón, pero sin carga. En uno de los casos, la mujer quiso usarlo cuando llegó a su domicilio, pero no pudo porque la batería no estaba cargada.

Atento a lo detallado por las entrevistadas, se podría inferir que la instancia de entrega del botón y de la papelería que lo acompaña termina siendo insuficiente respecto de la necesidad de información y contención que ellas necesitan y —a modo de hipótesis— que ello colaboraría con cierta decepción al momento de utilizarlo, generando desconfianza en la seguridad y efectividad del dispositivo de “manera integral”. 

De acuerdo con sus experiencias, sugieren que las personas que las asisten —presencial y remotamente— alcancen un nivel mayor de conocimiento y capacitación operativa. Señalan que, en general, no hay contención por parte de lxs agentes, ni para ellas, ni para sus familias. Las mantienen en la línea, pero en silencio, lo que les resulta incómodo e innecesario debido a la situación emocional que atraviesan —entrar en pánico, paralizarse y no saber qué hacer, etc. —. Deberían, según ellas, mantenerlas en línea tranquilizándolas y conteniéndolas.

“Que te digan: ¿Tiene llave en la puerta? Te tienen que transmitir tranquilidad y contención, no demandarte cosas. Que nos contengan”. 

“Deberían estar capacitados para intervenir en un ataque de ansiedad cuando te quedás sin aire, por ejemplo”.

“Existen víctimas y victimarios; estamos en diferentes niveles, deben tener conocimientos de cómo llevarlo adelante”.

“Cuando lo apretás, que te digan: Se están acercando a vos, quedate tranquila. Lo malo es que te pregunten: ¿Qué te hizo?, ¿dónde estás?… Sino, que te digan: Ya están yendo hacia vos, y listo” (por el agresor).

“Hay mucha distorsión en la comunicación de los agentes y las instituciones. Si hay un protocolo de atención, no se utiliza”.

“Si vinieran rápido y atendieran bien, el botón estaría bueno”.

“Ante la alerta, no responden como si fuera una urgencia, sino que llaman para controlar que todo esté bien”.

“Es fácil usarlo y activarlo. Tal vez, demasiado fácil para las que lo aprietan sin querer o tienen hijos pequeños”. En este punto, comentan que las han llamado para “retarlas” por usarlo indebidamente

“Mi miedo es que, aunque lo active y lo vea funcionando en rojo, que tarden en llegar o en llamarme y que ya sea tarde. No es por imaginación, es lo que me pasó”. 

“Te dicen: Manténgase comunicada, pero a veces no podés: ya te lo sacó, te lo sacaron o te ahorcó. No hay contención alguna”.

“El botón anti-pánico tiene que tener instrucciones de cómo actuar frente a una situación de emergencia”.

“Me acerqué a la Policía y me dijeron: Nosotros estamos para otra cosa, y yo hacía dos días que había hecho la denuncia”.

“Vos estás atravesada por una situación de emergencia generada por un hombre y te mandan a un hombre para asistirte”. Manifiesta haber apretado el botón, dado que el agresor se hizo presente en su domicilio, y que el policía que habían enviado para intervenir, al momento de quedarse a solas con ella, le termina tirando onda [sic].

Con respecto a la consigna policial, las mujeres afirman que esxs agentes desconocen a quién/es debe/n cuidar, que no tienen contacto con la Central de Monitoreo, que deberían estar al tanto de todo y que, en ocasiones, pertenecen a una jurisdicción diferente de la que les corresponde a las víctimas. 

“El tema de la consigna (policial) que pertenecen a diferentes jurisdicciones y no saben a qué vienen, no tiene datos de cómo te llamás y a quién tiene que detener. Estaba charlando en la esquina y el tipo vino a tocar a mi puerta. Tienen que estar en la puerta de tu casa”.

“El policía de la puerta no sabía nada del botón”.

Si bien reconocen los defectos del sistema, sostienen que es una herramienta útil y necesaria, motivo por el cual, muchas no los devuelven cuando se vence el contrato, porque cuando renuevan las medidas dicen: “Ellos no están informados”.

“Yo lo llevo hasta cuando salgo al quiosco. Vive a 50 metros de casa, estoy en riesgo permanente, él deambula todo el tiempo”

“Venció hace dos meses, y si aparece o si vuelve y no lo tengo, tengo que hacer todo de nuevo”.

Estas situaciones, agregan, también involucran al contexto familiar:

“Mis hijos chicos pensaban que a ellos se los iban a dar también, porque él me había amenazado y le había mostrado a mi hija el cuchillo con el que me iba a matar”.

“Ellos (por lxs hijxs) también tienen miedo; si van al quiosco y lo ven, ¿cómo avisan?”.

“Mi hijo no sabe nada del botón. Lo hago para protegerlo”.

El botón es simbólico, tenerlo te da el estatus de víctima para la sociedad y para nuestros hijos”

“Mi hija mayor sabe qué es y cómo usarlo”. 

“Tiene que tener otro tipo de estructura, más veloz (por el dispositivo). Y para las criaturas, también: ‘¿Y si él se acerca, mamá?’”. 

Por otro lado, mencionan que, si bien es una medida, no es la medida. No solo porque tiene sus limitaciones, sino porque también la solución depende de la conjugación y articulación de diferentes variables. El botón, por sí solo, no da respuesta a la complejidad que rodea al fenómeno de violencia de género y violencia doméstica. 

Dos de las personas entrevistadas tomaron —después de mucho pelearla— la decisión de irse del país, para así poner fin al acoso y a las agresiones que reciben, más allá de las denuncias, de las medidas cautelares y del botón. 

Dicen al respecto:

“Esta herramienta no da la solución”.

“Es una medida que nos da sensación de seguridad, pero no es la medida”.

“Mi hija tiene ataques de ira; no termina todo ahí”.

Uno de los comentarios que llama la atención, por su nivel de riesgo y dramatismo, tiene que ver con una sensación de peligro inminente que las mantiene en estado de alerta, por las amenazas históricas recibidas por parte del agresor que fueron confirmadas en alguna situación concreta —lo que le da credibilidad real, atento a que no quedaron solo en palabras— y porque, si fueron posibles en su momento, pueden ser factibles en cualquier ocasión, teniendo en cuenta que muchos agresores no respetan la prohibición de acercamiento y que otros continúan accionando a través de la manipulación de los hijxs con quienes siguen sosteniendo el vínculo. Para otras, las experiencias vividas dejaron “marcas internas” que siguen causando efectos residuales mediante síntomas o recuerdos que cuesta elaborar. Y en dos de las entrevistadas, la única alternativa posible fue asumir la decisión de irse del país, atento que, más allá de todos los dispositivos implementados —medidas cautelares, botón anti-pánico, patrocinio jurídico, grupos de ayuda mutua, redes de contención, asistencia a lxs niñxs, etc. —, no lograron, con el paso de los años, resolver definitivamente su situación de violencia, dado que el agresor continuó con su hostigamiento sistemático en diferentes momentos y formatos. 

“Esto nunca termina, sigue sucediendo. Cuando hay perspectiva de género, se entiende que el violento seguirá siendo un violento, salvo en el 1% de los casos”.

“Nosotras somos como un conejito de indias frente a esto. Cada situación de violencia es única; yo tenía miedo a pesar de las medidas. Los procesos terapéuticos llevan un montón de tiempo”.

“Como es desestabilizante, aunque haya pasado tiempo, te cuesta entender que ya no sos víctima de violencia”.

“La sensación física que tengo es que me tiembla el cuerpo. Mi hija tiene ataques de ira, no termina todo ahí”.

“Él me quiere ver muerta, tiene un odio inmenso hacia mí. No sé qué respuesta inmediata pueden tener, puede pasar cualquier cosa”

“La Policía no actuó desde las cautelares, sino por hurto”(El agresor había robado su mochila, en la que llevaba las medidas cautelares. La Policía actuó desde este hecho, y la víctima tuvo que ir a la comisaría para radicar una nueva denuncia, dado que el oficial a quien se acercó para pedir ayuda le respondió que ellos estaban para otra cosa).

CONCLUSIONES

El Género y sus consecuencias: Maltrato y discriminación. Estereotipos y violencia machista. Contexto general

“Yo prefiero que me mate, así se termina todo y listo”.

Una afirmación de este tipo interpela en múltiples aspectos, tanto a nivel profesional como institucional, con relación a todos los organismos y dispositivos que ello implica.

En primer lugar, desafía a preguntarse: ¿cómo se llega a esta situación lo más cercana a un “callejón sin salida” que a una solución definitiva y superadora?, ¿cuáles y cómo son los mecanismos que empujan a una persona “atrapada” en una situación de violencia a considerar que su única posibilidad de liberación solo se logra en base a su propio aniquilamiento?, ¿desde qué lugar se debe interpretar esta “encerrona trágica”, al decir de Fernando Ulloa (1999)^[11], o “derrotero”, según palabras de Alejandra Wagner? Cuando una persona arriba a una afirmación de este tenor —no siendo pocas las víctimas de violencia que piensan de igual manera—, donde el costo de la solución implica hipotecar la vida, “así todo termina”, algo no funciona. Pareciera ser —si nos quedamos solo con ello— que el derrotero habría sido exitoso.

No es cuestión de focalizar rápidamente la responsabilidad en las mujeres que no han podido resolver a pesar de lo andado, sino de ampliar el horizonte desde una lectura crítica que revise los diferentes aspectos en juego, desde los recorridos por los distintos organismos —estrategias, dispositivos, eficiencia, recursos humanos, insumos, etc. —, hasta los marcos legales que los legitiman y operativizan introduciendo las modificaciones necesarias, a fin de dar respuestas acordes a lo que cada situación requiere sin aplicación de “recetas generales”, entendiendo que cada caso es único, a pesar de la similitud con muchos otros.  De circunscribirla únicamente a la esfera personal, culpabilizando a las mujeres de su propio atrapamiento, caeríamos en una sentencia tan injusta como engañosa, resultando sesgada y funcional a un sistema machista que se organiza y se sostiene en dinámicas motorizadas desde una “violencia estructural” camuflada en diferentes esferas y formatos de lo cotidiano. Estas estrategias pulidas y validadas durante siglos han logrado imponerse y perdurar en el tiempo manteniendo por completo todo su vigor, como lo son las jerarquías y desigualdades entre varones y mujeres, siendo esta, una de las raíces coyunturales que hacen a esta problemática de lo social y de la convivencia. 

En función de lo señalado, es menester dejar de responsabilizar a las mujeres por la violencia que sufren: no son ellas las que la generan sino que son, por el contrario, sus “blancos predilectos”. Resulta imprescindible concientizar y erradicar los estereotipos de género anudados en los entramados del poder, y comprender que las “violencias cotidianas” que se gestan desde los micromachismos —a veces tan sutiles como imperceptibles— atentan contra las mujeres facilitando el contexto que las puede arrastrar hacia una muerte evitable cuando su destino debería ser otro y que, desde ya, puede serlo; para ello trabajamos.

En este marco de “crudas realidades”, reflexionar y profundizar sobre las razones por las que —a pesar de los esfuerzos emprendidos por implementar políticas públicas que ataquen esta situación de raíz, y a pesar de ciertos avances y muchos logros— no se ha conseguido erradicar la violencia y la discriminación que padecen a diario millones de mujeres y colectivos vulnerabilizados: por ejemplo, la criminalización y persecución que sufren personas pertenecientes al colectivo LGTTBI en 70 países del mundo (ILGA). 

Utilizar el género como categoría de análisis —tal lo recomendado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing— permite bucear en los intersticios de un fenómeno complejo que organiza el mundo asignando posicionamientos desiguales para varones y mujeres casi como un destino inexorable, incluyendo sus efectos. La violencia de género —es decir, la violencia hacia las mujeres— vulnera los derechos de más de la mitad de la población mundial —estimada, aproximadamente, en unos 7.700 millones

de personas, y resulta una de las consecuencias de esta repartición asimétrica de lugares y poder, como así también, la condena a la pobreza donde el universo de mujeres en este rubro, según la ONU, representa el 70% de los pobres del planeta. 

Susana Velázquez^[12] manifiesta: “Las estadísticas de diversas partes del mundo señalan que el 98% de las personas atacadas son mujeres y que el 92% de los agresores son varones”. Este grave fenómeno, claramente, no responde a una tiranía biológica inmutable, sino que, muy por el contrario, es el resultado de una cultura machista y misógina diseñada y pergeñada por el patriarcado que, en opinión de Rita Segato^[13] —y de muchas otras estudiosas— parece ser la “raíz de todos los males” y principal responsable de cuanto se desprende de esta problemática.

La violencia contra las mujeres, especialmente en su formato más aterrador como lo es el “feminicidio”, no solo persiste, sino que se ha incrementado a niveles alarmantes, acompañada siempre de “revictimización e impunidad” en diferentes grados y niveles. Estos datos han sido puestos en evidencia y validados desde las experiencias de las mujeres entrevistadas. 

Con razón, Esther Pineda^[14], citando a Caputi y Russell —2006—, sostiene: “(…) la cultura patriarcal aterroriza a las mujeres (…) Claro está que cuando se cuestiona la supremacía masculina, el terror se intensifica”, siendo el feminicidio un recurso ejemplificador para toda la sociedad. 

El informe del Estado Mundial de la Población 2020, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población^[15] (UNFPA, por sus siglas en inglés), denuncia que existen diecinueve formas de violar los derechos de las mujeres. En ese documento, se analizan solo tres: los feticidios de niñas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Las llaman “las desaparecidas”; son las que no llegaron a nacer porque fueron víctimas de feticidio femenino o murieron tempranamente porque sus padres desatendieron su alimentación y salud deliberadamente en su primera infancia. Por ser mujeres. 

La mencionada agencia —que se encarga de la salud sexual y reproductiva— calcula que hoy, al mundo le faltan 142,6 millones de mujeres: nacen menos mujeres de lo que es naturalmente normal (100 niñas por cada 106 niños), y fallecen, mayormente, en sus primeros años de vida. La preferencia por los hijos varones —detrás de estas desapariciones— es una de las 19 violaciones de los derechos fundamentales que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo, según este organismo. Desde el planchado de senos hasta las pruebas de virginidad. Sin embargo, como se mencionó, la UNFPA se ha centrado solo en tres formas de vulneración de derechos: la ya citada selección de niños, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)^[16] denuncia que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que ONU Mujeres^[17]informa:

• Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental (…) Los hechos demuestran que las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental presentan tasas más altas de depresión y más posibilidades de tener un aborto o de contraer el VIH que las que no han experimentado este tipo de violencia.
• Se calcula que hoy hay en el mundo 750 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que, al menos, 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina en los 30 países en los que existen datos representativos sobre esta tasa de prevalencia.
• Unos 15 millones de muchachas adolescentes (de entre 15 y 19 años) de todo el mundo han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas (coito u otras prácticas sexuales forzadas) en algún momento de sus vidas.
• Una de cada 2 de mujeres asesinadas en 2017 fue asesinada por su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados.
• El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
• La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

Ya en el año 2004, la ONU hacía referencia a la múltiple explotación de las mujeres (realizan los dos tercios de la jornada mundial de trabajo, perciben el 10% de las remuneraciones mundiales y son propietarias del 1% de la propiedad mundial). 

En Argentina, notas publicadas en los medios detallan^[18]: “(…) casi siete de cada diez víctimas de violencia familiar asistidas por el Estado en la Ciudad de Buenos Aires en el primer cuatrimestre de 2018 son mujeres, advirtió el Ministerio de Justicia en la previa de una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos.

De acuerdo a las cifras de la línea 137 del programa “Las Víctimas contra las Violencias”, el 67,4 por ciento de las víctimas de violencia familiar asistidas en lo que va del año pertenecen al género femenino. Asimismo, las estadísticas oficiales indican que el 90 por ciento de las personas afectadas por violencia sexual también son mujeres y siete de cada diez de ellas son menores de 29 años (…)”.

Por este motivo, ONU Mujeres ha hecho un llamamiento para acabar con la cultura de impunidad de la violencia contra mujeres y niñas, dado que constituye un impedimento para lograr la igualdad de género, la paz y el desarrollo.

En una nota publicada por redes sociales desde un diario digital²⁰, con fecha 24 de abril y en contexto de pandemia —justamente— , se advierte que: “(…) pese a la gravedad de la situación, los femicidios no paralizan el mundo; continúan siendo ignorados y desatendidos por los Estados y convertidos en un espectáculo por parte de los medios de comunicación”.

Además, por la misma vía circulaban expresiones que alertaban con reclamos frente al incremento de la violencia de género — puntualmente en este caso— respecto de la libertad e “impunidad” con la que se mueven los agresores con relación al no acatamiento de las medidas cautelares —especialmente, la prohibición de acercamiento— con el alto nivel de riesgo que ello conlleva (situación de la que también nos han advertido las mujeres usuarias del botón anti-pánico):

“¿Se dieron cuenta que hay castigo por violar la cuarentena, pero no por violar una perimetral? Y así nos matan”²¹.

Lamentablemente, podríamos seguir enumerando situaciones desventajosas para las mujeres, las niñas y los colectivos vulnerabilizados que evidencian cuán difícil y peligroso resulta el mundo patriarcal en cuanto al resguardo de la vida, al acceso a los derechos y a la justicia social. Basta con mirar alrededor y tomar registro del tema en cuestión, pero ¿con qué criterios se evalúan los “alrededores”?, justamente por ello, es menester contar con herramientas conceptuales y metodológicas de intervención que hacen a la formación profesional e idoneidad en la materia, a fin de no caer en apreciaciones sesgadas, prejuiciosas y discriminatorias —de gran carga ideológica— sin que estas sean percibidas y cuestionadas, entendiendo que la naturalización y la ignorancia, como así también las jerarquías y desigualdades impuestas, resultan fórmulas exitosas para la preservación del sistema y la multiplicación de sus lógicas sexistas^[19].

Instituciones, organizaciones, estrategias e intervenciones

En función de lo dicho en todo este recorrido argumental y, a modo de hipótesis, cuyo eje principal gira en torno al acceso a los derechos con perspectiva de género, intentando poner en evidencia un sistema que genera condiciones “concretas de existencia” para que la “violencia machista” se instituya y circule en diferentes formatos y modalidades, las estrategias de abordaje e intervención de las diferentes organizaciones y de sus efectores —más allá de sus prácticas comprometidas y aciertos—, en muchos aspectos, no están inmunes a caer y a reproducir visiones contaminadas de imperativos patriarcales que se filtran y se aplican sin ser registrados. 

Entonces, al poner el foco únicamente en las “víctimas” sin visualizar el alcance de esta realidad en toda su amplitud y complejidad, se repiten los mismos “fenómenos” que se pretende combatir. Esto deriva en que se reproduzcan, con frecuencia, ciertos criterios y maltratos compatibles con las lógicas “sexistas” que las mujeres entrevistadas han dado cuenta. Inclusive, en la planificación de las estrategias, se replican consideraciones que hacen al binarismo de género con visiones androcéntricas; por ejemplo, el monitoreo realizado sobre las usuarias es vivenciado como un “control” y así lo han expresado con toda claridad reclamando, al mismo tiempo, el “uso del grillete para los agresores” y que sean “ellos los controlados” por haber infringido la ley. Se trata de preconceptos que tampoco son ajenos a instituciones sociales como la Ciencia, la Salud o la Justicia^[20].

Tal como se mencionó, cuando —finalmente— las mujeres toman la determinación de radicar la denuncia después de todo un proceso de reconocimiento y de aceptación de la situación, comienza una instancia que —por sus características— resulta “crucial”, y que se denomina “ruta crítica o itinerario”. En este recorrido, resulta de vital importancia la actuación de lxs diferentes efectorxs que, sin la capacitación adecuada —específicamente, en género, en violencia de género y en derechos humanos— reproducen, sin querer, las lógicas y los maltratos propios del sistema, generando en las mujeres otra fuente de sufrimiento denominada “revictimización” (que, acaso, genere en ellas una buena razón para desistir de la denuncia, en tanto que continuar devendría en una carrera de obstáculos que les restará energía y les complicará la vida). En ese sentido, la idoneidad y el conocimiento profesional desde una escucha empática junto a un acompañamiento continente pueden ser la clave que les evite caer en esa sensación de “derrotero” que las priva de una vida mejor y sin violencia. 

Sin embargo —tal como han afirmado las entrevistadas—, más allá de la utilidad de las medidas cautelares y de los dispositivos de seguridad, estos no resuelven el problema. Si, a pesar de las disposiciones, los agresores se acercan y no reciben ninguna intervención por parte de la justicia, entonces seguirán creciendo en impunidad. Esta posibilidad incrementa el riesgo de la víctima de sufrir un feminicidio, pero, aunque esta visión se encuentre lejos de ser alarmista, se sostiene en los datos aportados por las mujeres entrevistadas y en la realidad mostrada por las estadísticas^[21], entendiendo —además— que solo se denuncia entre el 5 y el 10% de todos los casos posibles.

A pesar de los inconvenientes, las mujeres reconocen la utilidad del botón anti-pánico, pero cuando mencionan sentirse controladas desde la Central; cuando deben dar reporte constante de los lugares donde van, de si tienen el botón o si lo llevan cargado; cuando manifiestan que les resulta una carga y que les genera una sensación de dependencia o que les recuerda los momentos traumáticos que han atravesado; cuando se las responsabiliza del mal funcionamiento del dispositivo al interpretar erróneamente que no saben utilizarlo; cuando se las “reta” por el mismo motivo; cuando no les brindan las explicaciones que necesitan o se las obliga a esperar durante horas para ser atendidas; cuando se las llama en ocasiones en que evitan ser descubiertas por ser víctimas de violencia (lo que les genera vergüenza); cuando la consigna policial se ubica en la puerta de sus casas y no en el domicilio del agresor y, sobre todo, cuando quedan expuestas pese a tener el botón, entendemos el porqué de sus reclamos.

Si se observa, resulta muy fácil tomar registro de que todos estos sentimientos resultan compatibles y alineados con las estrategias que implementa el agresor para controlar a la mujer y generarle dependencia, culpa, vergüenza, impotencia y atrapamiento. Estos padecimientos reconstruyen situaciones vividas de las que no pueden desentenderse. En muchos casos, el agresor se halla lejos de cumplir con las medidas cautelares y de recibir sanciones por su falta. Todo ello configura una realidad que merece ser repensada apostando a una instrumentación integral de las estrategias y evitando, en todo sentido, replicar situaciones dolorosas. 

Parafraseando a algunas de las mujeres entrevistadas, no es necesario abandonar el país de residencia o terminar con la propia vida para poner fin a la violencia, sino que se debe aplicar la ley y mejorar las deficiencias que puedan surgir durante su implementación, generando estrategias y políticas públicas capaces de resolverlas.

RECOMENDACIONES

El ODS 5 de la Agenda 2030 sostiene que la igualdad de género no solo es un derecho humano central, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, y resulta ser un elemento esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo. Siendo la igualdad y el empoderamiento de las mujeres uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, cabe destacar que —a pesar de los avances en materia de derechos— las mujeres y las niñas, como así también las identidades diversas y/o disidentes como los cuerpos feminizados, siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. 

Erradicar la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío que, a la fecha, continúa sin resolverse, tomando como referencia la dimensión que reflejan las palabras mencionadas por la ministra Gómez Alcorta con relación al incremento de la violencia de género —violencia machista— y los feminicidios.

A través de sus experiencias, las mujeres entrevistadas abren un panorama que facilita el registro de los baches y vacíos que quedan a la intemperie, y ponen en evidencia una cruda realidad: lo complejo e intricado que resulta combatir y erradicar la violencia instalada en hábitos, costumbres, prácticas y representaciones que circulan por los diferentes niveles y estratos de lo social y de los que la justicia, por ejemplo, tampoco está inmune.

“Nada sobre nosotras sin nosotras”²⁵

En primer lugar:

Escuchar a las mujeres desafía a pensar las acciones en función de sus experiencias y necesidades. Las estrategias implementadas desde un perfil meramente técnico sin esta base, más allá de los intentos de respuesta —y sus justas intenciones—, no logran cumplir totalmente con ese propósito. Las usuarias, con sus vivencias y reflexiones, han descubierto un panorama donde, claramente, se observan obstáculos y dificultades con relación a las modalidades de intervención y a las medidas que se vienen aplicando y, a pesar de reconocer un cierto nivel de utilidad, no llegan a resolver su situación de vulnerabilidad en un 100%. En ese sentido, esta situación deja baches evidentes que las ponen en riesgo y que, si se mejoraran los recursos, dispositivos y diagramación de estrategias, podrían evitarse, siendo sus experiencias reales y reclamos los parámetros que nos anclan a la realidad.

Por lo tanto, y a fin de saldar esta situación, se propone una serie de recomendaciones que se tornan pertinentes, en función del estudio realizado y sus primeros resultados:

1- Sugerir un trabajo mancomunado, invitando a mujeres en situación de violencia a sumarse junto a lxs profesionales que acompañan las intervenciones y procesos, y convocando, además, a los equipos técnicos especializados y representantes de todos los organismos implicados. Esta recomendación podría llevarse a cabo en mesas de trabajo con cierta periodicidad de encuentros y con la participación de referentes para monitorear y corregir —de ser necesario— las operaciones y acciones en curso. Si uno de los apartados del ODS 5 -5.5- sostiene: “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”, ¿por qué no propiciar su participación en la toma de decisiones^[22] que hacen al perfeccionamiento de los cuidados capitalizando su experiencia? 2 – Mejorar y reforzar la aplicación de medidas cautelares y dispositivos con la intención de resguardar la vida e integridad de las personas en situaciones de violencia, dado que la experiencia de las mujeres usuarias ha dejado en evidencia múltiples episodios que las exponen a riesgo a ellas y a su entorno. Esto no solo se confirma en sus relatos, sino también en ataques y feminicidios que se hicieron públicos en diferentes medios de comunicación, lo cual demuestra el incumplimiento de la prohibición de acercamiento por parte de los denunciados.

3 – Contemplar el armado de estrategias integrales de protección y resolución de las situaciones de violencia de género, evitando focalizar únicamente en las víctimas e implementando la perspectiva de género, tal como ha sido abordado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Este manifiesto considera la perspectiva de género como eje orientador para el desarmado de las estructuras sexistas y discriminatorias desde una mirada técnico-profesional, la cual deviene fundamental para pensar y diagramar las estrategias de abordaje e intervención incorporando esta deconstrucción en la labor profesional e institucional, muchas veces ausente por falta de capacitación de lxs efectorxs implicadxs. Desde esta lectura, se comprende el legítimo reclamo de las usuarias que solicitan que los controles se realicen sobre los agresores, argumentando que son estos los que incumplen la ley y que continúan con sus vidas sin mayores alteraciones. La situación dista de la que se plantea en el caso de sus víctimas, quienes sufren la alteración de sus quehaceres cotidianos con restricciones implementadas para su protección y resguardo como consecuencia de las denuncias y de las medidas cautelares.

La experiencia indica, por ejemplo, que el uso de tobilleras en los agresores es muy poco frecuente o escaso; que estos, en múltiples ocasiones, no respetan las medidas cautelares; que cuando se acercan pueden resultar peligrosos; que esa cercanía les facilita, además, el arrebato y/o la destrucción de documentos y dispositivos, más allá de una posibilidad concreta de agresión física o de otra índole.

En función de lo mencionado, sería interesante compartir, en este apartado, una experiencia realizada en la provincia de Salta^[23], que dispuso la consigna policial para vigilancia del agresor que había incumplido varias de las medidas cautelares dispuestas por la justicia. La abogada Patricia Aguirre sugirió que sería necesario “empezar a innovar con respecto a las medidas de protección de la víctima y saquemos el peso en la mujer para poner el control sobre el agresor”. La directora del Servicio de Asistencia a la Víctima, Matilde Alonso, consultada por Salta, consideró que, ante las situaciones de violencia familiar y de

género, los magistrados y las magistradas“tienen que desarrollar mecanismos novedosos y adecuar las respuestas del sistema de administración de Justicia a la situación puntual. No se pueden aplicar medidas generales a cuestiones que por su particularidad requieren soluciones concretas”. Evaluó respecto a las desobediencias judiciales, “cuando una persona transgrede, no cumple un orden normativo, es un indicativo de una situación de riesgo que hay que atender con urgencia”.  4 – Revisar el funcionamiento técnico del “botón anti-pánico” que, si bien ha demostrado utilidad, incurre en una serie de fallas que deberían mejorarse a fin de ganar en eficiencia y seguridad, como así también, evaluar la posibilidad de implementar —en los casos que lo requieran— una aplicación para los celulares. Esto surge porque la experiencia de las usuarias respecto del dispositivo pone en evidencia una serie de falencias como el tamaño, la señal, el funcionamiento, la comunicación con la Central de Monitoreo, etcétera.

• – Perfeccionar los circuitos de seguimiento y monitoreo y de notificación a los denunciados —que, en ningún momento ni situación, debe ser responsabilidad de las mujeres—, a modo de que se hagan efectivas las medidas y así evitar la exposición de las personas denunciantes.
• – Mejorar la articulación intra e interinstitucional a fin de ganar en operatividad y eficiencia en diferentes ámbitos. En este caso puntual referido a las intervenciones policiales, judiciales y sus derivados, los relatos de las mujeres reiteran y muestran la falta de integralidad de las respuestas brindadas: 
• Dentro de las mismas fuerzas a cargo de la protección a nivel jurisdiccional, y que las consignas policiales afectadas estén al tanto de la/s persona/s a quien/es deben resguardar y de aquel/los quien/es debe/n hacerlo. 
• Entre lxs efectorxs de la justicia y de la fuerza policial, como así también, de las demás instituciones implicadas, a fin de “no revictimizar”.
• Las autoridades deben asumir una participación activa y asegurar la efectividad y el cumplimiento de las medidas judiciales de protección.
• Debe haber una comunicación fluida entre todxs lxs efectorxs implicadxs, aunque dependan de diferentes instituciones, a fin de asegurar y operativizar estrategias integrales de acción.
• Encarar los tratamientos desde esta línea integral reforzando el armado de redes vinculares.
• Que, en lo posible y según los recursos disponibles, los acompañamientos y las asistencias estén a cargo de mujeres, por el tipo de fenómeno en el que se está interviniendo.
• – Sancionar efectivamente, conforme lo indicado por las leyes, a quienes incumplan las medidas cautelares. Para algunas de las entrevistadas, esta situación estuvo ausente y favoreció la sensación de impunidad de los agresores, lo cual culminó — lamentablemente— en un desenlace fatal para muchas víctimas de violencia de género.
• – Mejorar los circuitos de atención y el cumplimiento efectivo de capacitación para lxs efectorxs públicxs, sin excepción, debido a la falta de contención y empatía que han reclamado las mujeres entrevistadas. Este aspecto reforzaría no solo el acompañamiento necesario —y clave— en situaciones críticas como las que viven las mujeres, sino además, la deconstrucción de modalidades sexistas y lecturas sesgadas por el mismo motivo y/o por desconocimiento de la temática. 

El riesgo de interpretaciones sexistas y conductas micromachistas circula y forma parte de las representaciones, prácticas y costumbres cotidianas en el ámbito de las interacciones sociales. En ese sentido, es menester la detección de esta condición en las intervenciones, con miras a no revictimizar a las mujeres, a lograr un acompañamiento que las incentive a seguir adelante, y a dejar atrás las situaciones de violencia que atravesaron y que aún atraviesan. De lo contrario, podrían volver a caer en relaciones tóxicas similares a las que están intentando superar. 

También se señaló, reiteradamente, la falta de formación y de empatía por parte de las personas a cargo del control y seguimiento del uso del botón. A modo general, no sienten contención ni acompañamiento, sino que se sienten retadas y culpabilizadas por el mal uso o no uso del dispositivo como debería ser.

• – Implementar acciones y estrategias ajustadas y acordes a cada situación que contemplen la deconstrucción de los estereotipos de género potenciadores de la violencia machista. En este apartado se señala no solo la necesidad de capacitación de lxs efectorxs públicxs, sino también la necesidad de dar cumplimiento efectivo a las leyes de Educación Sexual Integral en todos los niveles de formación, tanto públicos como privados (Art. 38 de la Constitución de la CABA, Ley 26150 y Ley 2110)^[24]. 10 – El momento en que las mujeres deciden romper el silencio y hacer público lo que vienen padeciendo se constituye en una clave para entender las diferentes vicisitudes que se ponen en juego a la hora de enfrentar la violencia con el propósito de su erradicación definitiva, siendo este uno de los objetivos a los que se apunta en esta propuesta. Como bien se mencionó en distintas instancias de la presente investigación, este itinerario o ruta crítica que deben transitar las mujeres involucra una

multiplicidad de acciones e intervenciones institucionales que resultan estratégicas; por tal motivo y en función de las experiencias de las entrevistadas, evaluamos como un factor relevante el rol del Estado como garante de su seguridad y protección y, de igual manera, como aval y resguardo del cumplimiento de las leyes.

En ese sentido, y con la intención de combatir y desterrar este flagelo social, escuchar “las voces de las mujeres” que relatan sus experiencias equivale a respetar y hacer valer el artículo 38^[25] de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los pactos, convenciones y protocolos incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en la reforma de 1994 o cuya jerarquía constitucional fue otorgada por leyes posteriores, los que deben entenderse como complemento de los derechos y garantías en ella reconocidos, a fin de no sesgar la mirada ampliando posibilidades, y que estas últimas tengan en cuenta la necesidad de problematizar lo andado para modificar y superar los aspectos que obstaculizan y cercan oportunidades de salida. 

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[1] Segato, Rita: “(…) el patriarcado, o relación de género basada en la desigualdad, es la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad (…) estructura que moldea la relación entre posiciones en toda configuración diferencial de prestigio y de poder (…)” La guerra contra las mujeres, Ed. Traficantes de sueños, Bs. As., 2016.

[2] Según la antropóloga feminista, el feminicidio comprende el conjunto de delitos de lesa humanidad que reúne crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional. Se da una fractura en el Estado de derecho que favorece una impunidad ante estos delitos. Reconocido por la RAE en 2014.

[3] Página 12. Disponible en: https://amp.pagina12.com.ar/262506-violencia-de-genero-en-la-cuarentena-hubo-mas-de-10-mil-llam 

[4] Entrevista efectuada por Camila Hadad, el 26 de enero de 2020. Disponible en link: https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/26/la-mujer-quecontrola-los-9900-botones-antipanico-de-la-ciudad-de-buenos-aires-ahora-las-victimas-de-violencia-saben-que-algo-las-esta-protegiendo/

[5] (OPS/OMS, Programa Mujer, Salud, Desarrollo, 2000), citado por DGMUJ, Observatorio de Equidad de Género en su publicación “Mujeres que rompen el silencio”, la ruta crítica en CABA. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ruta_critica_en_la_ciudad_de_buenos_aires.pdf

[6] Artículo publicado en Diario Digital Femenino, Lenny Cáceres en diálogo con la Dra. Graciela López Gallardo refiriéndose a “La Ruta Crítica de la Violencia de Género”, Septiembre 25, 2016, disponible en: https://diariofemenino.com.ar/la-ruta-critica-de-la-violencia-de-genero/ 

[7] Sagot, Montserrat con la colaboración de Ana Carcedo: “La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina” OPS/OMS Programa Mujer, Salud y Desarrollo, año 2000. Disponible en: https://www.paho.org/Spanish/AD/GE/rutacritica.pdf

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[8] Disponible en: http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaEGyPS/034113_Wagner.pdf

[9] Ver supra La voz de las mujeres: experiencias concretas respecto del uso del botón, punto 2, párrafos 1 y 2 (página 6).

[10] Ver supra Medidas de protección y botón anti-pánico y Desafíos, devenires y contratiempos en Qué nos dicen las mujeres sobre este itinerario y sus experiencias como usuarias del ‘botón’ en tanto dispositivo de protección y seguridad, párrafo 4.

[11] Ulloa F., Conferencia. Diciembre de 1999. “(…) la crueldad siempre implica un dispositivo sociocultural (…) una situación típica del dispositivo de la crueldad al que habré de denominar «encerrona trágica», y que resulta el núcleo central de este dispositivo. (…) Desde el punto de vista del psicoanálisis, lo que predomina en esta situación no es la angustia, con todo lo terrible que esta puede llegar a ser, predomina algo más terrible aún que la angustia: el dolor psíquico, aquel que no tiene salida, (…) La angustia puede tener puntos culminantes, pero también momentos de alivios; en cambio, el dolor psíquico se mantiene constante en el tiempo. La salida parece identificarse con la muerte (…) la crueldad siempre aparece estrechamente amarrada a la muerte, ya sea porque este es su desenlace o porque la muerte ya está instalada en el mismo sujeto de la crueldad”. 

Disponible en: https://textosdepsicologia.blogspot.com/2011/06/ulloa-f-sociedad-y-crueldad.html  

[12] Violencias cotidianas, violencias de género. (2003). Bs. As.: Paidós, cap. 1, pág. 37. 

[13] “(…) porque considero que tanto los feminicidios como los crímenes homofóbicos, los asesinatos de travestis y de personas trans, son todos los crímenes del mismo tipo, es decir, crímenes del patriarcado contra todo aquello que desafíe el orden, la jerarquía patriarcal (…)” Segato, Rita. (2018). Contra pedagogías de la crueldad. Bs. As.: Prometeo, pág. 20. Véase también Las estructuras elementales de la violencia. (2010).

Bs. As.: Prometeo, cap. 4, pág. 116.

[14] Cultura Femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina. (2019). CABA, Argentina: Prometeo, cap. 1, pág. 23.

[15] Disponible en: https://www.comunicacionestian.com/19625-estado-de-la-poblacion-mundial-el-peligro-de-ser-mujer 

[16] Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

[17] ONU Mujeres, Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas, disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/endingviolence-against-women/facts-and-figures y en link ONU Mujeres, Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer:

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/

[18] Disponible en: https://palermonline.com.ar/wordpress/ni-una-menos-el-674-por-ciento-de-las-victimas-de-violencia-familiar-son-mujeres/ y en https://www.diario26.com/252312–violencia-familiar-en-argentina-el-674-de-las-victimas-son-mujeres ²⁰ “Los femicidios que oculta la pandemia” – Diario Digital Femenino ²¹ Facebook, extraído del muro de Linda Guilmar Zapata.

[19] La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están interrelacionadas.

[20] Por ejemplo, en la interpretación de ciertas líneas psicológicas que hacen foco en las actitudes maternas como fuente principal de las problemáticas que manifiestan sus hijxs, o cuando el control reproductivo es circunscripto al cuerpo de las mujeres exclusivamente, o con relación a la tarea de cuidados delegada sobre las mujeres, o cuando la justicia investiga la conducta de las víctimas de un delito, o cuando interpreta la violación de una niña de seis años en manos de su progenitor y lo libera porque caratuló la causa como “desahogo sexual”, avasallando cualquier derecho que le pueda comprender a la criatura. 

[21] La disponibilidad de datos sobre la violencia contra las mujeres ha aumentado significativamente en los últimos años. ONU Mujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

Solo se denuncian, estimativamente, entre un 5 y un 10% de todos los casos posibles (Velázquez, 2003, y Segato, 2010). ²⁵ Tomado de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

[22] Informe Nacional ARGENTINA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2019. Informe de la República Argentina – Beijing +25. INAM Argentina cuenta desde diciembre de 2018 con un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), una hoja de ruta para sistematizar, dinamizar y monitorear todas las iniciativas en materia de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Objetivos PIOD, pág. 23, “(…) Objetivos estratégicos: El PIOD se estructura a partir del concepto de autonomías (ver apartado Ejes rectores) y, en función de ello, se han desarrollado los siguientes objetivos específicos: Autonomía en la toma de decisiones: (…) Promover la participación ciudadana de las mujeres y población LGBTIQ orientando la inserción real, efectiva y activa en los diferentes ámbitos de la toma de decisiones”.  Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/informe_beijing25_argentina_final2.pdf  

[23] La decisión original fue tomada por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 2. La Policía deberá custodiar al agresor, 19-02-2020: “La decisión de la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, marcará un antes y un después en la justicia local en materia de violencia de género. A través de una medida cautelar, la magistrada ordenó que la policía custodie al violento, ya que el sujeto violó las medidas de la jueza, como ser la perimetral, la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar y la prohibición de ejercer actos de violencia. (…) Aguirre planteó que las víctimas se sienten presas cuando la consigna policial se les impone a ellas y no a los violentos que pueden seguir en libertad e incluso hostigando. Además, viene señalando situaciones en que las mujeres resultan revictimizadas”. 

Disponible en link: https://diariofemenino.com.ar/historica-medida-en-salta-por-primera-vez-la-consigna-policial-sera-para-el-violento/

[24] Ministerio Público Tutelar: “En la Ciudad, el 80% de lxs niñxs víctimas de abuso sexual hicieron la denuncia a raíz de las clases de ESI. (…) en el año 2019, según el análisis de casos de abuso sexual infantil en la Ciudad de Buenos Aires se desprende que entre el 70% y el 80% de las niñas, los niños y adolescentes se dieron cuenta que fueron abusados sexualmente después de sus clases de Educación Sexual. Ocho de cada diez niñxs argentinxs víctimas de abuso sexual lo cuentan en la escuela”. 

Disponible            en:          https://observatorioviolencia.org/argentina-80-de-las-denuncias-por-abuso-sexual-del-2019-fueron-a-traves-de-las-clases-deeducacion-sexual-integral/

[25] “La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres.

Estimula la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros; promueve que las responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta la plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las acciones positivas que garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado; la eliminación de la segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita a las mujeres único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes embarazadas, las ampara y garantiza su permanencia en el sistema educativo; provee a la prevención de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados de atención; ampara a las víctimas de la explotación sexual y brinda servicios de atención; promueve la participación de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas”.